Pese a que mi reciente libro Más allá del PIB señala sus limitaciones como indicador del bienestar —que es una variable multidimensional económica, social y ambiental—, sigue nomás siendo una señal del crecimiento y de los problemas y potencialidades de sus sectores y componentes.
Así, según el comunicado del INE, “el PIB de Bolivia registra un crecimiento de 2,21% al primer semestre de 2023, respecto a similar período de la pasada gestión”, mientras que en el caso de EEUU el Bureau of Economics Analisys (BEA) informa que su tasa anual de crecimiento del PIB al tercer trimestre fue del 4,9% respecto al trimestre precedente y de 2,9% respecto al mismo periodo del año anterior.
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La diferencia en la oportunidad es de un trimestre y, especialmente en esta coyuntura con alta incertidumbre mundial, es una diferencia muy importante sobre la cual los agentes económicos toman decisiones. No se trata de datos finales, sino, como en el caso del BEA, es un avance estimativo que después puede modificarse, así saca un segundo estimativo en noviembre hasta el dato final de diciembre.
En el caso boliviano, mensualmente se publicaba el Índice Global de Actividad Económica (IGAE) y resulta que ahora, según informa el INE en su sitio web: “El IGAE se publicará trimestralmente una vez que se publique el PIB correspondiente a dicho trimestre”, lo cual no tiene sentido, no solo por la oportunidad mensual que deberíamos tenerlo ya a septiembre, sino porque según el propio INE no tienen estrictamente que coincidir o ser igualitos, puesto que: “El Índice Global de Actividad Económica (IGAE) y sus variaciones son estimaciones anticipadas y aproximadas de la evolución de la actividad económica, resultado del agregado de índices de producción sectorial, se diferencia del Producto Interno Bruto (PIB) que es resultante de un balance macroeconómico contable entre la oferta y demanda a precios constantes”.
Adicionalmente, para el análisis no interesa tanto el dato puntual en sí mismo sino la tendencia económica, es decir si es creciente, declinante o va al estancamiento. Para el caso boliviano se utilizaba el crecimiento del PIB enero-junio para dar cumplimiento al Decreto Supremo 1802 de noviembre de 2013, donde el sector privado y el público deberán pagarles a sus trabajadores un segundo aguinaldo (Esfuerzo por Bolivia), todos aquellos años que la economía del país crezca un 4,5% anual, “tasa de crecimiento observada del PIB en un período de doce meses anteriores a septiembre de cada gestión fiscal.”
Lo que interesa a los analistas, ya sean pseudos o auténticos, es la tendencia del PIB trimestral, aunque sea demorada. Así, según los datos del INE, la variación a 12 meses del PIB, al segundo trimestre de 2023, fue de 2,42%, habiendo sido de 3.04% en el primer trimestre, mostrando una tendencia decreciente desde el segundo trimestre de 2022. Con base al INE, la variación respecto a similar periodo en el segundo trimestre de 2023 fue de 2,03%, habiendo sido de 2,39% en el primer trimestre, tendencia que se observa desde el tercer trimestre del 2022. De esta forma, la economía boliviana se encuentra en una fase de desaceleración iniciada a mediados de 2022 y asociada a la guerra, la volatilidad de los precios de los commodities y el aumento de las tasas de interés, y cuyos efectos se han acentuado en lo que va el primer semestre de 2023.
Lo que preocupa también a los analistas es qué sectores están bien o cuáles andan mal. Según el INE, al primer semestre cayó la producción de hidrocarburos en 5,7% y de la manufactura en 0,8%, mientras que el sector “otros servicios” creció en 11,1%. La contribución o incidencia negativa de los hidrocarburos es por séptimo trimestre consecutivo, es decir, es resultado de un shock interno. Los datos nos muestran que el modelo productivo tiene problemas, puesto que el crecimiento de la minería fue cercano a cero (0,15%). Por último, si bien la demanda interna es el motor del modelo, alarma la caída del volumen de exportaciones en 14,65%, que tiene implicaciones en el flujo de divisas y en el nivel de las reservas internacionales.
Por eso la importancia de los datos que deberían servir para corregir las políticas aplicadas si el caso amerita.
(*) Gabriel Loza Tellería es economista, cuentapropista y bolivarista
