Parte del candente debate acerca de la Inteligencia Artificial (IA) es su regulación, se trata de un debate descentralizado, con diversidad de actores, algunos conectados y otros desarticulados. Como sucede con el resto de regulaciones de aspectos de internet y tecnología, Europa alberga el debate más nutrido e intenso aunque también hay iniciativas en Estados Unidos, China, Corea del Sur, India, Brasil, entre varios otros países. Naciones Unidas también ha ingresado en la deliberación y en las propuestas de regulación, liderada principalmente por Unesco.
Las últimas dos semanas han estado plagadas de avances al respecto, probablemente la que tiene más probabilidades de obtener resultados es la orden ejecutiva emitida por Joe Biden que establece un conjunto de normas y directrices que lograrían incrementar la transparencia de los modelos de IA, con etiquetados y marcas de agua. Su preocupación central es la seguridad del Estado y el incremento de la certeza del carácter oficial y no ficticio de los documentos y comunicaciones estatales del gobierno estadounidense. Aunque aún no está claro cómo se ejecutará ni tiene un carácter obligatorio para las empresas, ha sido recibido de manera positiva por empresas grandes como Google y OpenAI.
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Mientras, en América Latina y El Caribe, el 24 de octubre 20 países firmaron la Declaración de Santiago, para promover una Inteligencia Artificial (IA) ética en la región en el marco del Foro sobre la Ética de la Inteligencia Artificial en América Latina y el Caribe y la Cumbre Ministerial y de Altas Autoridades. Sin duda, un gran avance que los gobiernos de los países se comprometan a principios éticos en el desarrollo de tecnologías de Inteligencia Artificial.
Por otro lado, el 30 de octubre, los líderes del G7 acordaron principios rectores en la Inteligencia Artificial y un código de conducta para desarrolladores tecnológicos, dentro del proceso de Hiroshima, y el 31 de octubre se aprobó, con el 94 de los votos, la resolución internacional sobre armas autónomas en la Asamblea General de Naciones Unidas en el convencimiento que las IA no deben tomar decisiones de vida o muerte, es decir, poniendo un límite claro a estas tecnologías. Finalmente, el 1 de noviembre, 29 países firmaron la Declaración de Bletchley sobre los riesgos de la IA en la biotecnología, ciberseguridad y desinformación.
Sin duda, todas son buenas señales para la inclusión de estándares de derechos humanos en el desarrollo tecnológico de las IA, pero no podemos olvidar que, por otro lado, hay una carrera por el monopolio de este mercado en el que quien llegue primero tiene las de ganar, y en esa carrera los derechos humanos no importan.
(*) Eliana Quiroz es ciberactivista y burócrata. blog: www.internetalaboliviana.word-press.com
