Recientemente, algunos supuestos analistas económicos demostraron una vez más desconocer la metodología internacional de las cuentas nacionales y las finanzas públicas para el cálculo correcto de la contabilidad de la deuda pública. Es decir, se afirma equivocadamente que la deuda pública, hasta agosto, alcanza al 99% del Producto Interno Bruto (PIB), en tanto otros supuestos analistas aseguraron que ésta ronda entre el 70% y 80% del PIB.
Estos personajes parten de un cálculo errado denominado “doble contabilización” al sumar obligaciones del sector público con acreedores privados más las obligaciones que existen entre entidades públicas (cifras agregadas), es decir, la deuda del Tesoro General de la Nación (TGN) más la deuda de las empresas públicas con el Banco Central de Bolivia (BCB), y olvidan que estas últimas deudas se constituyen en un activo para el BCB (y a la vez un pasivo para el TGN y las empresas públicas) al interior de la cobertura pública.
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Esta falta de criterio técnico demuestra una vez más que no existe ningún tipo de investigación —como ellos afirman—, dado que su intención no es informar a la población, sino al contrario, confundirla y lanzar cifras equivocadas con intenciones políticas antes que académicas.
También es importante señalar que para conocer las cifras de la deuda pública en Bolivia no es necesario realizar una investigación profunda, dado que la información tanto de la deuda pública externa, la deuda pública interna como su consolidación son publicadas de forma recurrente por instancias como el BCB y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
En efecto, para realizar un cálculo correcto se debe recordar el concepto de la “consolidación”, que se refiere a medir únicamente los flujos o saldos de las unidades que conforman la consolidación (sector público) frente a las instituciones fuera de dicha cobertura (sector privado). Así, la deuda pública total se ubica alrededor del 46% del PIB, y se encuentra en un nivel sostenible y por debajo de los umbrales internacionalmente aceptados como el Tratado de Maastricht (60%).
Otro “analista” señaló equivocadamente que existe un problema estructural de la deuda pública, la cual afecta al déficit fiscal, olvidando que este último indicador disminuyó gradualmente de 12,7% del PIB en 2020 (durante el gobierno transitorio) a 9,3% en 2021 y a 7,1% en 2022, atribuido a los mayores ingresos tributarios ante un mayor dinamismo de la actividad económica y control del gasto, a pesar que en 2022 los gastos destinados a las subvenciones se incrementaron significativamente.
Pese a esto último, el balance fiscal corriente mostró una recuperación favorable, dado que después de alcanzar la cifra más elevada de la historia de -6,1% del PIB (2020), ésta fue descendiendo paulatinamente a -1,8% en 2021 y a -0,2% en 2022, en medio de un contexto internacional desfavorable.
Por otro lado, es de conocimiento que el reciente endeudamiento público fue destinado principalmente a la inversión pública, que se traduce en un mayor número de obras en áreas de infraestructura, productivo y sociales a fin de atender a las demandas sociales de las diferentes regiones del país, como ser caminos, puentes, instalaciones de gas domiciliario, construcción de unidades educativas, de hospitales, de sistemas de riego, alcantarillado y varios proyectos productivos, entre otros.
Hoy en día, muchas regiones necesitan de estas obras; sin embargo, extraña que algunos asambleístas de las cámaras de Diputados y de Senadores desconozcan esto y limiten la aprobación de créditos externos con fines políticos, lo que afecta el avance de varios proyectos que son en beneficio de las regiones que ellos mismos representan.
(*) Angel Rafael Surco Chuquimia es economista
