Hace cuatro años atrás, el 15 de noviembre de 2019, después de haberse perpetrado un golpe de Estado en Bolivia, campesinos productores de hoja de coca del Trópico cochabambino, portando wiphalas y banderas nacionales, se habían concentrados alrededor del puente Huayllani, en Sacaba, para luego dirigirse a la ciudad de Cochabamba. Al inicio de esa tarde fatídica, un helicóptero en actitud de amedrentamiento, como si fuera un ave de rapiña en búsqueda de su carroña, sobrevolaba sobre la gente concentrada: fue la antesala que luego sería una masacre. Días después en Senkata, ciudad de El Alto, ocurrió otra matanza del gobierno de Jeanine Áñez. Saldo trágico de ambas masacres: 37 muertos.
Hay un dato histórico doloroso e insoslayable: las masacres en Bolivia siempre permanecieron en la impunidad. Las masacres de noviembre de 2019 no son la excepción. Han trascurridos cuatro años y la impunidad campea por los pasillos de la Justicia boliviana y la Asamblea Legislativa.
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Ambas masacres respondieron a una lógica gubernamental de disciplinar a los “salvajes masistas” por esta razón se dictó un decreto supremo para otorgar una cierta “legalidad” a esas matanzas, aunque hay ausencia de normas que justifiquen jurídicamente estos hechos execrables. O sea: la responsabilidad debería recaer al conjunto del primer gabinete de la presidenta Áñez que firmó ese decreto.
En la nueva Constitución Política del Estado no se incorporó de manera explícita la figura jurídica de la masacre —quizás se imaginaron los constituyentes que en estos tiempos contemporáneos y democráticos era impensable ocurriera un acto inhumano de esta índole— y su alcance no debería rebasar los márgenes de un juicio de responsabilidades que, además, se necesita de los dos tercios en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para llevar adelante ese juicio.
Ante la imposibilidad de alcanzar los dos tercios en la ALP —hoy más que nunca por la disputa interna en el Movimiento Al Socialismo (MAS)—, se buscó una salida jurídica para esquivar el juicio de responsabilidades. De allí, la posibilidad de juzgar esas masacres por genocidio, figura jurídica contemplada en el Código Penal para sancionar aquellos actos que busquen destruir total o parcialmente a un grupo social, entre ellos, el étnico. Obviamente, ambas masacres de noviembre/2019 tienen rasgos de genocidio ya que se orientaron a la eliminación física a campesinos/indígenas y/o gente pobre de origen aymara/quechua. Sin embargo, por la ambigüedad de la figura de genocidio fue fácil para que los abogados de la exmandataria hacer prosperar sus chicanearías jurídicas para abortar esta salida jurídica para juzgar a los responsables de esas masacres.
Una de las principales conclusiones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) que investigaron los hechos de la crisis poselectoral en Bolivia en 2019 con respecto a las masacres, dice: “se debe dar a las familias de víctimas fallecidas que debieron realizar el luto con la interferencia de terceros actores que se apropiaron de la narrativa de las muertes de sus seres queridos con fines políticos”.
Cuatro años después de las masacres, en el contexto de las refriegas internas del MAS, la disputa discursiva entre los grupos enfrentados también se redujo inescrupulosamente a adueñarse políticamente de los difuntos de las masacres diciendo: “son nuestros muertos”, aunque en realidad hicieron poco o nada para buscar justicia por ellos. Mientras tanto, los familiares siguen llorando por sus fallecidos en esas brutales masacres.
(*) Yuri Tórrez es sociólogo
