En cuanto a penalidades han existido dos sobresalientes saltos: a) el de la proporcionalidad con la ley del ojo por ojo; y b) el moderno no contagio a partir del intuito personae y el principio de inocencia hasta que se pruebe, con sentencia, lo contrario.
En Estados como el nuestro, los saltos se dejan de lado. El gonismo (con 36% de legitimidad) destruyó a sus adversarios adeno-miristas con los “narcovínculos” y las “narcofotos”, y a su vez el adenismo se autogolpeó con el caso Diodato. Desde esas épocas, fuimos y seguimos siendo los campeones latinoamericanos y del Caribe de la ilegítima, arbitraria y delincuencial detención preventiva, exponencialmente creciente en la última década.
Se ha institucionalizado acusar de manera formal —aparato del Estado o informalmente por las redes sociales— a quienes están en una foto junto a alguien que no necesariamente está condenado. Una distorsión del silogismo: Marset es… (premisa mayor); Aki Kamiya es médico de Marset y su familia (premisa menor); entonces Aki es igual a Marset. Contagio deductivo.
La curiosidad criminológica nos lleva a buscar respuestas que son complejas porque tienen que ver con la débil democracia y civismo, así como la desinstitucionalización del aparato del Estado.
También hay otras explicaciones menos complejas, muy retorcidas pero que tienen sentido de realidad.
El libro Economía del encarcelamiento, del notable penitenciarista Ramiro Llanos, nos viabiliza esa explicación al describir y demostrar el multimillonario extractivismo económico desde la cárcel, la que alberga a aproximadamente 23.000 internos en Bolivia (de los cuales más del 70% son preventivos, y solo en 2019 terminaron sobreseídos 70,7%). A eso debemos sumar el chisme compartido —sottovoce— por un alto exfuncionario en Bolivia de NNUU, quien sostuvo que los cálculos del extractivismo judicial (incluido el carcelario) alcanzarían los $us 10.000 millones por año, recordando que el INE registró en 2019 la cifra de 1.685.290 nuevas causas civiles, amén de las penales, familiares, laborales, agrarias, etc.
Debemos contextualizar: si el narcotráfico está entre $us 7.000 y 8.000 millones (aunque para Alejandro Banegas llega a los 2.500 millones, según su estudio), sumados a los 4.000 a 5.000 millones del contrabando de oro y minerales; además del contrabando de mercadería, que datos empresariales sitúan alrededor de $us 3.000 millones de dólares, amén de tráfico y trata de personas y de órganos (2.000 millones), juegos clandestinos, etc. y etc. Que hay buenos en esta cadena y no participan, obvio que los hay.
Entonces, cómo entender que mi amigo Aki, que es un médico plástico muy divertido y sociable, enamoradizo, motoquero, heredero de una clínica que su señor padre, difunto ya, inauguró en 1993 (constituyendo esto un hecho notorio) y que desde entonces solo le han hecho un responsable mantenimiento y ninguna reforma, lo detengan, le incauten la clínica inaugurada cuando Marset podría haber tenido… ¿10 años?
Y hay notables o magníficos que caen en la complicidad (quien colabora o teniendo opción no se opone) de la ilegalidad, al recibir lo “incautado” y tan solo señalar que lo harán con beneficio de inventario, para ver si las deudas no son mayores del patrimonio que se recibe.
Tengo fotos con mi amigo Aki y no soy médico ni motoquero, con monseñor Tito Solari y no soy santo, con Ernesto Cardenal y no soy poeta. Espero que algún funcionario no razone: si Aki es igual a Marset y Alejandro es amigo de Aki, por lo tanto, Alejandro es igual a Marset.
Alejandro Colanzi Zeballos es criminólogo y nonnino de Valentina.
