Tuve la oportunidad de exponer este tema en el congreso anual de la Asociación de Ingenieros Metalurgistas de Bolivia (Aimet) el pasado mes de octubre. Para los que no pudieron asistir al evento, podrán acceder a la exposición en las memorias del congreso. En la conferencia se detalló el contexto internacional de la producción de oro, los productores principales, su ubicación geográfica, la importancia menor de la región sudamericana donde solo Perú está entre los 10 productores mayores con 100 ton/año, frente a China, Rusia y Australia con producciones mayores a 300 ton/año. También la perspectiva global de la producción, del bajo nivel de descubrimientos de nuevos yacimientos de clase mundial y de los presupuestos de capitales de exploración que tuvieron una declinación desde 2012 ($us 10 billones en el sentido norteamericano de miles de millones) hasta un nivel de $us 6 billones en 2022. Este contexto pronostica un ambiente de mucha especulación del mercado del metal, sobrevaloración de los proyectos nuevos y subida de precios a niveles superiores a $us 2.000/oz troy en el mediano plazo.
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En la región, se analizó el caso boliviano caracterizado por la preeminencia de la producción aurífera informal y cuyo valor exportable en la gestión pasada sobrepasó los $us 3.000 millones, que ya representa el 46% del valor total de las exportaciones mineras del país. Esto ya debiera tener una reacción oficial sobre el grave deterioro de la industria a niveles de informalidad que ya generan graves consecuencias medioambientales, sociales y de seguridad en lo que el autor denomina “áreas críticas”, localizadas en el norte-noroeste del país. Sigue el análisis de las dos décadas precedentes con dominio de posiciones políticas nacionalistas y populistas, con un peculiar cambio a regulaciones antisistémicas en el marco definido por la nueva Constitución Política del Estado de 2009 y la Ley Minera 535 de 2014. Un peculiar grupo de normas que regulan la actividad del sector han venido a constituir una especie de “camisa de fuerza” que limita el accionar de los operadores formales, eleva la carga impositiva, disminuye la competitividad del país, fomenta la minería informal de pequeña escala y aleja inversiones para desarrollar un privilegiado potencial minero, cautivo de la lucha de intereses que hacen de la actividad minera un péndulo entre posiciones liberales y nacionalistas que, a su turno, pretenden aplicar recetas antagónicas con el resultado previsible de siempre: empezar de cero y/o solo llegar a la mitad del camino. Se analizan los flujos financieros ilegales que la situación generó desde 2011-2012 y que produjeron una crisis de informalidad, que hace que los valores de exportación de oro superen el valor de la producción del metal, indicio inapelable de que la informalidad y la ilegalidad se campean en la zona.
Algunas de las conclusiones de la conferencia: falta total de inversión extranjera directa (IED) en el país, desinversión, informalidad, mínima participación del Estado de la captación de divisas (menos de 2,5% en regalías para un nivel de ventas de más de $us 3.000 millones), elevado costo social y ambiental por la depredación de cuencas aluviales y bosques, aumento de la informalidad e ilegalidad en toda la cadena de producción y comercialización, etc. En este contexto y como propongo desde hace mucho tiempo en esta columna, se ha demostrado que la ley sectorial 535 y su correlato constitucional no se adecuan a los tiempos que corren ni a las características actuales del país y de la industria, siendo de urgencia la revisión parcial o total de esta legislación. Toda actividad minera debiera ser formal por antonomasia y eso debiera ser la meta a conseguir en el corto y mediano plazo, si se quiere cambiar la crítica situación descrita. ¡Felices fiestas para todos!
(*) Dionisio J. Garzón es ingeniero geólogo, exministro de Minería y Metalurgia
