Hay que reconocer la tremebunda confusión que está produciendo en el país la secuencia de eventos político-judiciales del último mes. A punta de insólitas sentencias y “amparos” para todos los gustos, los conflictos políticos de toda laya se están judicializando hasta el absurdo, complicando aún más problemas que ya en sí mismos eran difíciles de resolver. La política en manos de los abogados está resultando tóxica, impredecible y sobre todo con tintes autoritarios, ratificando, al mismo tiempo, la debilidad de las dirigencias políticas.
La verdadera-falsa decisión judicial sobre la reelección es un ejemplo patético de esas lógicas, artefacto legal que es, en sí mismo, una interpretación de una interpretación y que está culminando a su vez en dos, tres o cuatro nuevas maneras de comprender la cuestión según el jurista, político o comentarista al que se le consulte. Algo parecido está sucediendo con las idas y venidas de moros y cristianos en torno al remplazo del Gobernador de Santa Cruz.
En ambos casos, hay decisiones judiciales, unas más ambiguas que otras, emitidas por autoridades jurisdiccionales casi sin legitimidad, lo cual provoca que cada uno entiende lo que desea entender, acate lo que quiere, mientras la mayoría, no involucrada en el tema directamente, anda entre confundida e indiferente ante el absurdo. Kafka en Bolivia.
Al final, los conflictos de fondo no se resuelven mientras los actores políticos suponen erróneamente que es suficiente con obtener una decisión judicial que “parezca” favorable para imponerse. Paradójicamente, al hacer eso revelan su debilidad, es decir su incapacidad para imponerse o convencer con otros argumentos e instrumentos que no sean la manipulación de las normas. Por esa razón, el saldo son situaciones aún más bloqueadas en las que la saña y el morir matando son los sentimientos que se imponen. Es decir, la cosa se vuelve, después de esos episodios, aún más incierta y posiblemente autodestructiva.
El que pensaba, por ejemplo, que solucionaba el problema de liderazgo del bloque masista sacando a Evo Morales del ruedo electoral con una sentencia constitucional ambigua y obtenida entre gallos y medianoche, estaba equivocado. Al contrario, la confrontación persiste, los grupos en pugna aparecen aún más decididos, las opciones de conciliación desaparecen, la gobernabilidad cotidiana se sigue complicando, el MAS-IPSP se acerca aún más a un escenario de eventual pérdida de su personería jurídica, sus electores navegan entre el pasmo y la incomprensión y en consecuencia la traducción electoral de la pelea fratricida se hace cada vez más incierta.
De igual modo, resulta extraño observar cómo los adherentes de uno y otro bando tienden a afirmar, con una contundencia que sorprende, que serán sus interpretaciones legales las que terminarán de imponerse sin percatarse que estamos, lamentablemente, en un contexto en el que la racionalidad legal es secundaria frente a las correlaciones de poder e influencia. Es decir, no es suficiente con tener “la razón” para ganar la partida y unos y otros tendrían que ir pensando en alternativas a sus pretensiones a no ser que sean unos ingenuos sin remedio.
Por si todo eso no fuera ya preocupante, lo alarmante es que estas lógicas perversas están debilitando a instituciones clave para el equilibrio y la gobernabilidad del país. Nos gusten o no, el Tribunal Constitucional, los tribunales supremos de justicia o el Órgano Electoral son cruciales porque nos deberían ayudar a resolver razonablemente pugnas políticas que en ciertos momentos están bloqueadas y que solo con el voto transparente de los ciudadanos o con las decisiones de un tribunal imparcial se pueden canalizar.
La legitimidad que esas instancias pierden al estar involucradas en maniobras extrañas suele ser muy costosa posteriormente para sus propios operadores y autoridades, y sobre todo les debilita como instrumentos para una gestión pacífica y democrática de la estabilidad del país. Estamos jugando con fuego, algo de eso ya lo vimos en 2019 y no parecemos aprender de ello. Esa es la gran preocupación de fondo más allá del espectáculo de una dirigencia política encerrada en sus intereses mezquinos. Se esperaría que las autoridades de todos los niveles sean conscientes de esos riesgos y de su gran responsabilidad que, tarde o temprano, la sociedad les reclamará.
Armando Ortuño es investigador social.
