Finalmente se destrabó el tema de las elecciones judiciales, las cuales ojalá se den a la mayor brevedad posible, como incluso han recomendado los organismos internacionales en materia de derechos humanos e independencia judicial, empero, ahora la nación se enfrenta al reto de elegir a las nuevas máximas autoridades de una justicia tan venida a menos que prácticamente se encuentra en terapia intensiva y con pronóstico reservado.
Como publicamos hace ya varios años en un texto sobre el diagnóstico y lo que necesita la Justicia boliviana, de los muchos males que tiene ésta y que los arrastra desde la fundación misma de la república: deshumanización, retardación, corrupción, falta de una normatividad propia extraída de nuestra propia realidad; el peor de todos sin duda es la falta de capacidad, ética y formación de los administradores de justicia, situación que se ha profundizado a gran escala en los últimos años en todos los niveles de la Justicia.
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La administración de todo el Estado en general, y la administración de justicia en particular, debe estar en manos de personas idóneas y en lo posible de profesionales ampliamente calificados en las diferentes áreas del quehacer público. De esta manera se honra verdaderamente a nuestro pueblo, que al igual que nosotros los ciudadanos, tenemos el derecho a buscar y contar con el mejor profesional de la salud cuando nos enfermamos, por ejemplo, la salud del Estado también tiene el mismo derecho a ser asistida y gobernada por lo mejores hombres y mujeres.
Esta cualidad de conocer a profundidad la materia en la cual se ha de trabajar, de haberse especializado y haber construido experiencia sana en la misma, a la que debemos sumarle la idoneidad personal y una conducta intachable, es lo que se conoce como “mérito” y la acción de tomar decisiones valorando esta situación: “meritocracia”.
Ahora bien, basándonos en la única experiencia exitosa dentro del quehacer de la Justicia boliviana que aplicó íntegramente la meritocracia, cual fue el caso de transformación del sistema notarial boliviano a partir de concederle en los hechos al Sistema de la Universidad Boliviana la facultad de calificar los méritos de los aspirantes, y basándonos en el hecho de haber logrado la elección de más de un millar de notarios en las áreas urbana y rural del país, íntegramente por su capacidad profesional, con la autoridad moral incontrastable que nos dio esta conquista reconocida internacionalmente, creemos que en la actual coyuntura no solo se justifica sino se hace imprescindible que la Asamblea Legislativa Plurinacional, en un gesto que la enaltezca y le devuelva su menguada credibilidad ante el pueblo, trabaje lealmente con la Universidad Boliviana, no colocándola como un adorno más para justificar alguna imagen de imparcialidad, sino dándole íntegramente y en los hechos la prerrogativa de calificar objetivamente a los postulantes, tal y como se lo hiciera con los miles de postulantes a notarias y notarios en 2018 y 2019. Obviamente prescindiendo de toda entrevista o examen oral, o cualquier otra forma abierta a la subjetividad y manipulación en favor de amistades y, peor aún, por otros fines obscuros mezquinos y prebendales.
La Universidad Boliviana, y particularmente la Facultad de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés, ha realizado una propuesta integral basada en una investigación encargada a meritorios docentes universitarios y, a más de ello, la Sectorial de Facultades de Derecho que abarca toda el área jurídica de las universidades del sistema, reunida del 22 al 24 de noviembre del año pasado, ha mostrado su disposición a formar parte, en serio, del proceso de selección de autoridades. Está pues en manos de la Asamblea Legislativa hacer las cosas bien y dar la respuesta que la nación necesita. La historia juzgará si esta Asamblea estuvo o no a la altura del momento histórico que atraviesa nuestra justicia, sumida como nunca antes en el fondo más oscuro de un pozo, del cual solo saldrá de la mano de hombres y mujeres probas que no le deban su cargo a un partido político como fue en el pasado y que no le deban su cargo a alguna organización social o poder corporativo, como ocurre con muchas de las actuales autoridades en todos los niveles de la Justicia. Que le deban su cargo a su esfuerzo y sacrificio dentro de la ciencia del Derecho.
(*) Héctor Arce Zaconeta es embajador de Bolivia en la OEA
