En el país la tendencia de los análisis económicos, tanto a nivel oficial como no oficial, ha sido de dar más importancia al tema de la renta de hidrocarburos, al take government, es decir a los ingresos fiscales obtenidos por la nacionalización del gas y a su repartición. Pero antes de los ingresos fiscales, primero están los ingresos de divisas provenientes de las exportaciones de gas y, mucho antes, están los gaseoductos para exportar y, previamente, la exploración y explotación de los yacimientos de gas entre pozos viejos (San Alberto con el pozo SAL-X9 descubierto por YPFB en 1990) y nuevos pozos (el campo Margarita fue descubierto a finales de los años 90 y entró en producción en 2003), y a partir de 2010 con la concreción de un nuevo contrato con el mercado argentino, se impulsó el desarrollo del campo Margarita-Huacaya que se convirtió en el principal productor de gas natural con el 32% del total. Así, el 78% del gas proviene de cuatro campos descubiertos antes de 2005.
Lea también: ¿El fin de la Renta o Excedente Comercial de Hidrocarburos?
Es decir, se trata de resultados de políticas estatales de largo plazo y que para no remontarnos muy lejos, a la Guerra del Chaco, nos remitimos solo a hace más de 30 años, a las políticas aplicadas en los años 90 y que recién empezaron a dar frutos a partir de 2000 cuando las exportaciones de gas solo representaban el 12,1% de las exportaciones totales. Durante el boom de los commodities llegaron a subir a un máximo de participación en el total exportado de 54% en 2013 y para luego declinar hasta llegar al 19% de incidencia en 2023, muy cercano al 17,3% de la participación respecto al total exportado que registró en 1992, volviendo de esta manera a principios del ciclo del gas de los 90.
Sin las exportaciones de gas nos hubiera golpeado muy fuerte la crisis global financiera cuando empezaron a caer las reservas internacionales a mediados de 2009, pero llegaba al Banco Central mensualmente la factura del gas por cerca de $us 300 millones y así hasta agosto de 2022, y luego empezaron a bajar a $us 200 millones en enero de 2023 y a $us 170 millones en diciembre, a lo que se sumaron los pagos pendientes por parte de Argentina.
Sin embargo, el tema no solo es el nivel de las exportaciones sino la propiedad y la renta de hidrocarburos. Con la Ley de Hidrocarburos de mayo de 2005, se recuperó la propiedad de los hidrocarburos en boca de pozo para el Estado Boliviano y estableció el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) con una alícuota del 32% del total de la producción de hidrocarburos, el cual sumado a la regalía del 18% daba una renta directa del 50%. La ley estableció que esta sumatoria “no será en ningún caso menor al cincuenta por ciento (50%) del valor de la producción de los hidrocarburos en favor del Estado Boliviano” (sic). Con base en esta norma, la llamada nacionalización de los hidrocarburos del 1 de mayo de 2006, el Decreto Supremo “Héroes del Chaco” no dispuso ninguna expropiación, sino una firma obligada de contratos de exploración y explotación y su aprobación en el Congreso, que cambió las anteriores condiciones que tenía Bolivia con las empresas petroleras. Dispuso la obligación de entregar en propiedad a YPFB la producción de hidrocarburos y su comercialización tanto para el mercado interno como externo. Estableció un adicional 32% a través de una participación adicional para YPFB hasta el 82%, y el saldo de 18% para las compañías.
Es decir, hubo un cambio político en la disposición del uso del excedente desde 2004, pero también los astros se alinearon puesto que después de que los precios de los commodities se mantuvieron en un bajo nivel entre 1992 y 2003, llegaron a triplicarse con el llamado boom del precio de los commodities (2004-2014), el cual primero se desinfló con la caída de los precios de la minería en 2011 y después con la caída de los precios del petróleo a partir de 2015. Esta fase declinante duró hasta el COVID-19 en 2020, para luego recuperarse los precios de los commodities en 2021 hasta mediados de 2022, cuando empezaron de nuevo a declinar hasta fines de 2023.
En conclusión, políticas de Estado y la buena suerte influyeron en el ciclo del gas. Va a ser necesario también para el ciclo del litio.
(*) Gabriel Loza Tellería es economista, cuentapropista y bolivarista
