Ucrania, invierno de 2014. Kiev está sumida en disturbios desatados por grupos radicales que pretenden romper vínculos con Rusia y agilizar el proceso de adhesión a la Unión Europea. El presidente Viktor Yanukóvich desesperadamente busca soluciones al conflicto que puede desembocar en toda una guerra civil. El 21 de febrero, bajo una presión del Occidente y con la capital ucraniana en llamas, el jefe de Estado firma un acuerdo de solución política de la crisis con los líderes de la oposición parlamentaria. Los altos mediadores europeos, entre ellos los cancilleres alemán y polaco, le prometen seguridad y preservación de poder.
Al día siguiente, pese a todas las garantías otorgadas, en Kiev se produjo una toma armada y anticonstitucional de poder. Se dio un golpe de Estado. Un año después, la entonces subsecretaria de Estado de EEUU para asuntos europeos y euroasiáticos, Victoria Nuland, confirmó que Washington había asignado $us 5.000 millones “para apoyar las aspiraciones del pueblo ucraniano a tener un gobierno más fuerte e independiente”.
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Pasados 10 años, podemos evaluar los resultados del “proyecto democrático” ucraniano. La revolución, que proclamaba defender los ideales de derechos humanos, en realidad llevó al poder a un gobierno sometido a los intereses de EEUU y provocó un conflicto bélico en el este del país. Los lacayos de los nazis alemanes Bandera y Shujévich se convirtieron en los héroes nacionales al sustituir a los líderes de la lucha contra Hitler. El presidente de Ucrania, Zelenski, junto con los parlamentarios canadienses aplaudió en Ottawa al excombatiente de SS Yaroslav Hunka, quien había servido al Tercer Reich durante la Segunda Guerra Mundial.
Los “avances democráticos” de Ucrania hablan por sí solos. El nivel de corrupción sigue siendo desmesurado, así que Zelenski está obligado a pedir a sus patrones occidentales cada vez más plata, asegurando que los ucranianos “defienden la democracia y libertad”. Se proclaman leyes que afectan los derechos de minorías étnicas, ante todo la rusa. En una cárcel ucraniana fallece en condiciones inhumanas el periodista estadounidense y chileno Gonzalo Lira. El mismo Zelenski cancela elecciones presidenciales y aparta a su rival más popular, el general Zaluzhny, del poder. En el país se prohíben y están perseguidos medios de comunicación. Los jóvenes ucranianos, quienes no desean morir por los intereses del régimen neofascista de Kiev, intentan huir del país a toda costa para ser capturados y mandados al frente. Uno, viendo todo esto, se pregunta: ¿de verdad son un baluarte de democracia Zelenski y su junta?
El proyecto democrático Euromaidán nació muerto. No pretendía defender valores democráticos sino convertir a Ucrania en “anti-Rusia”. Bajo encantadoras pancartas fueron sembrados un radicalismo nacionalista y el odio al idioma y la cultura rusos. Se hizo caso omiso de los intentos emprendidos por Rusia para encontrar una solución política al conflicto y se aprovecharon para ganar tiempo y llenar Ucrania de armamentos. En diciembre de 2023, el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, subrayó que las inversiones militares estadounidenses en Ucrania son una buena estrategia, ya que cerca del 90% de dicha ayuda se invierte en el sistema económico norteamericano.
El 10-O, aniversario del golpe de Estado en Ucrania, y la situación precaria del país hoy en día sirven para reflexionar sobre los así llamados “defensores de la democracia”, quienes bajo pretextos nobles esconden sus apetitos neocoloniales. Cediendo la soberanía a cambio de mercados “libres” y valores “democráticos”, un país acaba siendo atado de pies y manos sin tener identidad ni futuro. ¿Acaso vale la pena?
(*) Mikhail Ledenev es embajador de Rusia en Bolivia
