El Censo de Población y Vivienda realizado ayer constituye el primer elemento del necesario proceso de autoconocimiento de nuestra sociedad, que debe ser completado en el futuro por una interpretación teórica desde las disciplinas demográficas, sociológicas y culturales. Las cifras censales constituyen en efecto la materia prima del trabajo científico de un amplio número de profesionales del sector público, de la academia y de las organizaciones no gubernamentales dedicadas a la promoción social.
En ese sentido, los datos del Censo constituyen el más valioso instrumento de evaluación de los resultados de las políticas públicas ejecutadas desde el Censo anterior en materia de educación, salud y vivienda, pero asimismo de comparación con los respectivos indicadores de los países vecinos.
El Censo proporciona información estadística que le pertenece a los ciudadanos pero administra el Estado. Esa información necesita ser estructurada en términos de indicadores y agregados estadísticos que constituyen los vectores estratégicos sobre los cuales deben operar las políticas en los niveles nacional, departamental y municipal.
Además de su utilidad intrínseca respecto del conocimiento del nivel actual del desarrollo humano agregado en el país, la información censal es extremadamente útil para corroborar diversas hipótesis que han circulado recientemente en la opinión pública respecto de cuestiones como la migración interna, la concentración de la población urbana en pocas ciudades y la reducción consiguiente de la población rural.
Más allá de la constatación empírica de tales procesos, se requieren explicaciones razonables que proporcionen los lineamientos de una planificación integrada de las necesidades diferenciadas de servicios básicos, equipamientos educativos e instalaciones de salubridad, en los niveles departamentales y municipales.
Las cifras censales permitirán asimismo llevar a cabo una evaluación verificable de los resultados de las transferencias condicionadas en materia de niveles de pobreza y desigualdades en los ámbitos de la educación y la salud, así como el acceso a los servicios básicos de agua, saneamiento y electricidad, y la infraestructura relacionada con las tecnologías informáticas y comunicacionales.
Todo esto se podría estructurar en un catálogo de brechas que será necesario atender ordenadamente en el futuro, tomando en cuenta que la reducción de las brechas requiere servicios, instituciones y recursos económicos, así como aptitudes y calificaciones profesionales pertinentes, lo que obviamente no puede ser llevado a cabo con eficacia por la acción del mercado, pero tampoco en exclusiva por entidades públicas. En cambio, la matriz de variables e indicadores que se estructure con los datos del Censo podría traducirse en un sistema estratégico de incentivos destinados a la promoción de diversos acuerdos y pactos sectoriales, en los que participe una combinación sinérgica de actores público, privados y sociales.
A tal efecto, es preciso redefinir y completar los alcances del pacto fiscal, que quedó pendiente de ejecutarse a continuación del Censo de 2012. La evidencia de las ineficiencias distributivas del centralismo debería dar lugar a una reasignación de competencias entre los diferentes niveles territoriales, en estricta concordancia con los recursos fiscales asignados de manera obligatoria y transparente. De esta manera podría adquirir un sentido renovado la definición constitucional de la organización territorial en términos de autonomías con potestades y competencias claramente establecidas.
Por último, a partir de los resultados censales será evidente la necesidad de adoptar una nueva distribución de escaños parlamentarios entre los departamentos, contemplando por supuesto el imprescindible rediseño de las circunscripciones electorales.
Horst Grebe es economista.
