Los bonos verdes son instrumentos financieros emitidos por empresas, gobiernos o instituciones para financiar proyectos que tienen beneficios ambientales o climáticos positivos. Su objetivo principal es atraer inversiones hacia proyectos que promuevan la transición hacia una economía más sostenible, reduciendo el impacto ambiental y contribuyendo a la lucha contra el cambio climático. Algunos ejemplos de proyectos que pueden financiarse con bonos verdes incluyen energías renovables, eficiencia energética entre otros.
Los bonos verdes han experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, a medida que crece la conciencia sobre la importancia de la sostenibilidad y la necesidad de invertir en proyectos que mitiguen el cambio climático. Además, la emisión de bonos verdes puede ser una estrategia de las empresas o gobiernos para mejorar su imagen y reputación, demostrando su compromiso con el medio ambiente.
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El Gobierno boliviano mantiene la confianza e incluso está considerando la venta de hasta $us 1.000 millones en bonos verdes este año para impulsar su industria del litio, afirmó el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, a Bloomberg la semana pasada.
El Gobierno busca aprovechar la demanda del mercado de inversiones en energías limpias y reducir los costos de endeudamiento al 10% o menos, pese a que su deuda actual cotiza a niveles muy altos.
El vicepresidente David Choquehuanca se reunió con los representantes de la Asociación Internacional de Mercados de Capital (ICMA), para analizar las posibilidades de acompañamiento para una posible emisión de bonos verdes, bonos sociales, bonos ambientales o una mezcla entre ellos, cumpliendo los principios fundamentales exigidos para esta emisión.
El país tiene aproximadamente el 50% de las reservas mundiales de litio, pero tiene considerable demora en la producción industrial de este metal, pues necesita de más recursos para desarrollar sus recursos evaporíticos.
A principios de este mes Karla Calderón, presidenta de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), informó que el país recibió “el interés por desarrollar la industria de litio de 38 empresas, de muchas partes de mundo, como francesas, chinas, alemanas, rusas, brasileñas y consorcios multinacionales”. También informó que el mes pasado, firmó un memorando de entendimiento con el instituto estatal francés Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) para el estudio de los recursos hidrogeológicos en los salares de Bolivia, para viabilizar futuras plantas industriales.
La demora en la ejecución del proyecto del litio preocupa al Gobierno, que tiene puestas sus esperanzas en que los ingresos provenientes de la exportación de litio y sus derivados, permitirán llenar el vacío provocado por la caída de las ventas de gas.
Lo evidente es que el Gobierno boliviano necesita recursos externos para seguir con su proyecto del litio. Éstos provendrán de la inversión privada externa o del endeudamiento externo, que en este caso se trata de los “bonos verdes”.
En un entorno en el que las empresas tienen cada vez más conciencia sobre la importancia de la sostenibilidad, los bonos verdes se han consolidado como una alternativa de financiación.
Antes de seguir con el proyecto, es necesario tomar en cuenta la observación del especialista Jaime Dunn, quien recuerda que estas operaciones son normales en los mercados internacionales, pero que en el caso de que Bolivia decida emitir estos bonos, se tendría que evaluar de acuerdo a la Constitución Política del Estado.
El gobierno debe considerar la participación de inversión privada extranjera, como la fuente de financiamiento de las plantas de litio y el desarrollo de este sector para nuestro país.
(*) Rolando Kempff Bacigalupo es Economista, licenciado en la UMSA, doctorado Ph.D. en Relaciones Internacionales de la Universidad del Salvador de Argentina, Académico de Número de la ABCE y presidente del Directorio de la UREAL
