Hace décadas que nuestro patrimonio arquitectónico va cayendo. Durante los gobiernos municipales de la democracia pactada ya se atentaba contra esa historia edificada. Recordemos también, cómo un primer mandatario destruía a picotazos casas patrimoniales para edificar los monumentos arquitectónicos de este tiempo histórico ubicados en la Plaza Murillo. En la Batalla de las Ideas políticas, también son muy importantes los símbolos edificados; y, por esa historia política, podemos explicar por qué la protección del patrimonio arquitectónico —para preservar la cultura y la identidad de nuestra ciudad— no prosperó ni caló hondo en el pensamiento colectivo.
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Las leyes y regulaciones específicas que buscaban conservar y salvaguardar estos bienes no fueron suficientes ante nuestras prácticas políticas. Tampoco funcionaron las medidas de conservación y restauración, ni la legislación para garantizar su protección y preservación, ni las normativas y leyes municipales que rigen los criterios y requisitos que deben cumplirse para llevar a cabo modificaciones en las obras arquitectónicas, o su restauración. Las sanciones y penalidades tampoco fueron suficientes para hacer cumplir las normativas establecidas para el respeto y la conservación del patrimonio arquitectónico; ergo: no podemos contener la dejadez planificada para la caída de muros y cubiertas históricas porque no existe conciencia ciudadana como un solo objetivo colectivo. Tampoco nuestras instituciones, municipales y estatales, trabajan en estrecha colaboración con expertos en patrimonio ni con otras entidades especializadas para determinar la importancia de las edificaciones históricas; y lo peor de todo: no se fomenta la conciencia ciudadana sobre la importancia y el valor del patrimonio edificado. En este nuevo siglo, la ciudadanía en su mayoría aprueba la demolición de esas “casas viejas” porque “no son modernas y dan mal aspecto”; y tampoco son moneda de cambio en nuestra lógica mercantil del espacio urbano.
Sin conciencia ciudadana no se protegerá el patrimonio edificado. Los ciudadanos juegan un rol fundamental en la preservación del patrimonio. Para ello, es imprescindible que la sociedad tome conciencia de la importancia histórica, cultural y estética de esas construcciones, valorando su significado y reconociendo su contribución a nuestra historia urbana. Pero pregunto: ¿queremos implementar programas educativos y campañas de difusión para involucrar al ciudadano en la protección y conservación del patrimonio urbano para promover su sentido de apropiación y responsabilidad ante esa historia edificada? ¿O francamente esa “historia de q’aras” no interesa?
(*) Carlos Villagómez es arquitecto
