Uno de los temas que más indignación causa es la impunidad con la que actúan los cooperativistas mineros en Bolivia. Todos los días, por diversos medios, podemos leer sobre el comportamiento ilegal y violento de sus líderes y las redes de matonaje que han creado para intimidar a cualquier ciudadano que se atreva a cuestionar su próspero negocio. Esta semana pudimos ver un corto video donde se expresa esa su actitud de dueños del mundo, cuando intervenían una vigilia en rechazo a las actividades de la empresa Salvada Sociedad Colectiva, que opera en la comunidad Totoral Chico del ayllu Acre Antequera.
Con actitud violenta, y haciendo explotar cachorros de dinamita, intimidan a pobladores que ponen en duda ese tremendo poder que les da el dinero y su aparente pacto con la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), cuyo silencio frente a estos hechos es muy sospechoso.
Por ello, la reciente declaración del relator especial de las Naciones Unidas, David Boyd, nos hace mucho sentido. A través de su cuenta de X, sostiene: “La situación en Bolivia es profundamente preocupante. El Estado debe dejar de perseguir a los defensores de los derechos humanos ambientales (a menudo indígenas), implementar leyes ambientales y cambiar la economía extractiva”. Y en Bolivia, es muy clara la relación que esta autoridad internacional plantea respecto a los derechos humanos y la crisis ambiental.
Es paradójico que el Estado Plurinacional de Bolivia, que ha liderado a nivel mundial el reconocimiento del Sistema de Naciones Unidas del derecho humano al agua, hoy sea el más permisivo con la minería del oro. Es también paradójico que los mismos liderazgos políticos que protagonizaron el reconocimiento constitucional del agua como “un derecho fundamentalísimo para la vida” hoy definan que el Ministerio de Minería y Metalurgia sea liderado por un cooperativista minero aurífero, que asiste a las conferencias de prensa con un casco de Fencomin. Claramente los intereses nacionales y el bien común no son la prioridad de esta autoridad.
Los casos de defensores ambientales intimidados son permanentes. Recordemos la persecución judicial a la que fueron sometidos los guardaparques Marcos Uzquiano y Raúl Santa Cruz, funcionarios del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), demandados por el minero Ramiro Cuevas, cuando éste intentó ingresar a la zona de protección del Parque Nacional Madidi. La judicialización también alcanza a autoridades indígenas de tierras altas, como sucede en el ayllu Cala Cala, en Potosí, donde unas siete personas están procesadas por cortar un camino “ilegal” a través del que ingresarían a trabajar los equipos de la Cooperativa Molle Pata. Otro conflicto por actividad minera es el de la comunidad de Jupichaque, nación chicha, en Potosí. En septiembre de 2023, la compañía Cruz Arce Limitada Empresa Minera (Calem) interpuso demanda contra las autoridades originarias, cuando éstas exigían ejercer su jurisdicción para la protección del agua.
Otro ayllu afectado por la minería es San Agustín de Puñacas. En septiembre del año pasado, se tomaron muestras de sangre y orina a 20 lugareños para constatar que presentan concentraciones de arsénico con valores muy superiores al límite de la salud, y aunque los dirigentes no han sido procesados, tampoco reciben solución a su demanda de agua sana.
Los mineros cooperativistas sienten hoy que tienen el sartén por el mango. Tal vez por eso hoy celebramos que la Cámara de Senadores determinó devolver a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que aprueba 19 contratos mineros, debido a que venció el plazo de 90 días para su tratamiento. Tal vez solo se logre ganar algo de tiempo, pero al menos es una señal de que los cooperativistas mineros no tienen todo el poder.
Lourdes Montero es cientista social.
