La verdadera controversia en torno a lo que el presidente del Senado declaró el miércoles está más relacionada con el trasfondo de su postura más que con ella en sí misma. En el caso del presidente Rodríguez, lo ocurrido esta semana implica un hito en la construcción comunicacional de su personalidad política como una de las figuras sobre las cuales se está vertiendo una enorme cantidad de expectativas de liderazgo nacional. Al final, quiérase o no, que una de las más importantes figuras políticas del país haya emitido un criterio con ese alcance nos permite (aunque no de la manera deseada) volver a poner sobre la mesa de la agenda nacional un tema latente, irresuelto y urgente: la violencia contra las mujeres.
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Para darle algo de contexto a la declaración sobre la cualidad “antihombres” que tuviera la Ley 348 contra la violencia contra las mujeres, huelga decir que tuvo lugar en medio de una sesión camaral en la que se trataban modificaciones a la misma. Respecto al estilo comunicacional del presidente Rodríguez, un poco por decisión y otro poco por circunstancia, está claro que, hasta ahora, ha optado por una imagen pública de bajo perfil, con algo de presencia en actos propios del cargo y de la pertenencia a su partido político, pero con poca densidad discursiva. Se trata de una opción legítima de administración de su comunicación política, pero ello, por supuesto, hace que sus posturas manifiestas y polémicas adquieran mayor peso y resonancia. A esto se le suma que existe una real necesidad de conocer las posturas políticas de la tercera persona más importante del Gobierno nacional, pues empieza a ser insuficiente una comunicación que por buscar la neutralidad ante las corrientes internas de su organización, lo sea ante temas nodales de disputa política en la actualidad.
En el otro lado, resulta curioso el momento en el que emerge esta propuesta de modificación legislativa y la posición, esta vez, ya no solo del presidente Rodríguez, sino además de sus colegas parlamentarios del masismo durante este mismo impasse: concretamente Patricia Arce y Daniel Rojas. La primera presentó la propuesta de modificación de la norma bajo el discurso de que su objetivo es que la misma proteja de igual manera a hombres y mujeres. Esta comprensión invisibiliza el hecho de que la violencia contra las mujeres es un penoso hecho estructural y tira por la borda la actual vigencia de una sociedad patriarcal. Y el segundo acude (en entrevistas televisivas) al uso de datos elaborados a conveniencia y provenientes de organizaciones emergentes como la Casa del Hombre o la Federación Nacional de Víctimas de Denuncias Falsas que, vaya casualidad, en sus recientes movilizaciones (de hace menos de una semana) solicitaban modificaciones a la ley en “beneficio” de quienes ahora se consideran las nuevas víctimas (los hombres) y no así de las alrededor de 430.000 mujeres que denunciaron violencia durante la vigencia de esta norma.
Es una verdadera lástima que el tema vuelva a palestra de esta manera, sobre todo cuando anteriormente ya se había entregado a la Asamblea Legislativa Plurinacional una nutrida agenda de propuestas de modificación a la Ley 348, pero buscando, sobre todo, proteger de mejor manera a las mujeres sin dejar de lado —cómo no— la discusión en torno a la mejora de la gestión de las acusaciones falsas que son pocas y no debieran alcanzar a empañar el espíritu de la norma. En el trasfondo de lo ocurrido esta semana en la ALP existe un aire antifeminismos y antiderechos, y ese es —al final del día— el hecho que debiera ponernos en alerta. Pues, las cosas son claras y no se debe permitir su distorsión: la Ley 348 no enfrenta a mujeres con hombres, la ley busca proteger la vida de las mujeres.
(*) Verónica Rocha Fuentes es comunicadora. Twitter: @verokamchatka
