En la madrugada del 16 de abril de 2009, la Policía entró al hotel Las Américas de la ciudad de Santa Cruz con el propósito de desmantelar a un grupo considerado por el gobierno de entonces como “separatista” y “terrorista”. A pocos minutos de este operativo yacían inertes, en el suelo de las habitaciones del hotel, los cuerpos de tres extranjeros acusados de pertenecer a un grupo terrorista que buscaba desestabilizar el orden constitucional.
Este grupo era encabezado por Eduardo Rózsa, boliviano con nacionalidad húngara que en su época juvenil era admirador del Che y luego devino en miembro del Opus Dei. En su blog personal propalaba la necesidad de que “Santa Cruz se libere de Bolivia”. Rózsa murió acribillado, según la prensa internacional, por “conspirar” contra Evo Morales. Este hecho fue considerado —por muchos analistas— como una estocada para la oposición al gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), ya que las autoridades gubernamentales vinculaban a este grupo de extranjeros con prominentes personajes de la oposición política, especialmente en la ciudad de Santa Cruz.
Ahora bien, el proceder de un comando de élite policial en el operativo del hotel de Las Américas dejó muchas dudas, inclusive existían cabos sueltos que aprovechó la oposición para desnaturalizar el operativo y tildarlo como “masacre”. Sobre la presencia del grupo de Rózsa, investigaciones posteriores constataron que no eran monjes tibetanos y más bien eran terroristas que vinieron a Bolivia a sembrar terror para derrocar al entonces gobierno constitucional de Bolivia. En lo que se refiere al operativo policial, empero, nada justifica muertes extrajudiciales.
Esta forma de proceder en aquel operativo siempre fue cuestionada. Hace poco, un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “estableció que durante el gobierno de Evo Morales se violaron derechos humanos fundamentales como la vida durante el operativo realizado en el Hotel Las Américas de Santa Cruz el 16 de abril de 2009” (sic). Obviamente, este informe, 15 años después del operativo, causó revuelo, inclusive familiares de los acribillados pidieron sendas indemnizaciones al Estado boliviano y la Fiscalía cruceña decidió abrir, nuevamente, el “caso Rózsa”.
La apertura de este caso se da en un contexto de fricciones internas del MAS. Por ello, hay sectores denominados “luchistas” que ven en esto una posibilidad para poner a Evo Morales en el banquillo de los acusados y así contribuir a minar su liderazgo al interior de la estructura partidaria. Este uso instrumental del “caso Rózsa” es muy peligroso, ya que con el propósito de socavar el liderazgo político de Morales se puede contribuir a echar tierra sobre un acontecimiento grave: existía intenciones terroristas peligrosas para la democracia, porque no solamente se intentaba atentar a la seguridad interna del país para subvertir el orden constitucional, sino también “dividir a Bolivia”. Obviamente, se necesita investigar nuevamente los entretelones del operativo policial por una supuesta violación a los derechos humanos, pero, aquí estriba el desafío, sin perder la perspectiva histórica.
Entonces, al calor de las disputas internas del MAS no se debe patear el hormiguero para sacar réditos políticos. Esta actitud instrumental en el “caso Rózsa” conduciría a un callejón sin salida, y en el ámbito discursivo operaría como un negacionismo sobre uno de los hechos considerados terroristas que buscaba, como si fuera Roma, incendiar Bolivia.
