¿Hubo otro tiempo en que el país se encontraba en similar situación a la actual? Muchos; en otros, al límite del abismo. Sin embargo, como se suele decir también, siempre encontró la fórmula impensable para salir de él.
La última vez que el país llegó a ese extremo fue en 2019, cuando Evo Morales fue derrocado tres meses antes del final de su mandato y Jeanine Áñez se autoproclamó en su lugar en una Asamblea Legislativa sin quorum ni asistencia del oficialismo. No fue «sucesión impecable», como justificaría Carlos Mesa; fue golpe de Estado.
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Hubo una arbitraria interpretación de la Constitución y la «jurisprudencia» para validar ese acto al amparo de un comunicado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), cuya emisión fue fruto de un cabildeo previo.
Sin embargo, el antecedente de esa ruptura constitucional fue otro acto cuestionado: la sentencia del TCP que validó una segunda repostulación electoral de Morales. Además, años antes, en 2016, éste había resignado toda opción de postularse otra vez al perder el referéndum con el que buscaba una nueva candidatura a través de la modificación de la Constitución.
En el pasado reciente, el gobernador electo Luis Fernando Camacho quiso burlar el mismo estatuto de Santa Cruz al encargar sus responsabilidades a un asesor en vez de hacerlo con el vicegobernador Mario Aguilera. Impulsó una ley para blindar su gestión desde la cárcel y tuvo que ser el TCP el que arregle la situación y disponga su sucesión temporal.
Sin embargo, el caso más complejo es el que sufre ahora el país: elecciones judiciales fallidas e inciertas en más de un año. Una serie de recursos, consultas y sentencias puso en jaque al país, muchos de ellos por encima de las leyes y procedimientos.
Lo peor, el TCP abusó de todos los mecanismos que se atribuyó hasta lograr el fracaso de dichos comicios en 2023. Su fin, se evidenció con una declaración constitucional, fue prorrogar el mandato de magistrados y consejeros electos en 2017 ahora por tiempo indefinido. La Constitución establece seis años de mandato, y ese plazo terminó el 2 de enero.
Esas elecciones parecían estar encaminadas, pero otra serie de recursos impide la continuidad de los procesos previos. De forma abierta, un órgano incurre en injerencia sobre otro órgano sin mayores reparos. En medio de ese embrollo, un grupo de legisladores de oposición y del evismo no comprende el rechazo de dos proyectos de ley (073 y 075) y porfía por su debate, condicionando así el funcionamiento de la Asamblea Legislativa.
Otro órgano, el Electoral, se encuentra a merced de la disputa de dos facciones del Movimiento Al Socialismo (MAS) que se resisten a cumplir la ley e incluso lo amenazan y presionan con la fuerza y la injerencia de otro órgano, Judicial.
Así, con las elecciones judiciales inciertas, las elecciones primarias están a punto de fracasar sin haberse debatido nada, con el tiempo en contra. Incluso, ese desorden institucional arriesga las elecciones generales del próximo año.
Si bien existe una profunda crisis judicial, no es necesariamente a causa de los malos operadores, sino de la idiosincrasia política, que se sustenta en el incumplimiento permanente de las leyes y de la Constitución, y su abstracción de los valores democráticos.
(*) Rubén Atahuichi es periodista
