Recientemente, en conferencia, refiriéndose al acuerdo con los empresarios privados nacionales, el presidente Luis Arce declaró: “Si exportan y no traen los dólares al país eso no sirve al país, tienen que traerlos y comprometerse; si no, vamos a tener que sacar alguna medida para que traigan el 100% de las divisas a nuestro país”. Casi inmediatamente, el ministro de Economía anunció la sanción a 22 entidades financieras y lamentó que los empresarios no cumplan su palabra, empeñada en el acuerdo de 10 puntos del 19 de febrero. La fe puesta en el convenio se cayó por los suelos, anteriormente había declarado que “si una de las partes no cumple, no va a funcionar”.
Luego vinieron las aclaraciones. La Cámara Nacional de Exportadores (Caneb) y la Cámara de Exportadores (Cadex) aclararon que el 95% de sus miembros cumple su palabra; el ministro aclaró que “son 25 a 30 grandes exportadores que no han cumplido los términos acordados”, para luego tranquilizar con la afirmación de que el Gobierno “no pretende aplicar una medida de obligatoriedad para el ingreso de divisas al país”.
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¿Cuáles son esos 30 grandes exportadores? Del análisis de la estructura del sector exportador, la minería es el principal sector de exportación. Sus agentes principales son las transnacionales y las comercializadoras de oro —no forman parte de la Caneb y la Cadex—, ellos hacen sus exportaciones para beneficio de su casa matriz. Pedirles comprensión es caer en la ingenuidad, ellos han venido a ganar y no a hacer beneficencia, y si no hay reglas claras es dar piedra libre para que hagan lo que quieran. La entrega obligatoria de divisas es una vieja consigna del nacionalismo, por eso murieron Busch y Villarroel, y fue la piedra angular del capitalismo de Estado que integró el país, desarrolló la industria liviana y la agroindustria gracias a los dólares baratos, provistos entonces por la Comibol. Otra característica del sector exportador es su carácter primario, lo que se exporta proviene de la naturaleza con que ha sido dotada la nación, como los hidrocarburos, minerales, metales y productos agropecuarios. No se trata de una medida revolucionaria, sino simplemente de la racionalidad. Países como Argentina y Colombia la aplican y la empresa privada acepta porque a cambio el Estado le proporciona infraestructura y le abre mercados.
El sector agroexportador radicado en Bolivia también juega con la oportunidad del mercado: para éste la devolución de los certificados de impuestos (Cedeim) no es un atractivo, por cuanto las facturas por combustible (subvencionado) y bienes de capital (liberados de impuestos) no ingresan en la acreditación para su devolución, por lo que ellos prefieren mantener las divisas en el exterior o introducirlos al mercado negro, donde la ganancia es del 30%, mejor que el 13% que les ofrece el Gobierno por la devolución de impuestos. La misma lógica mueve a los exportadores de concentrados de minerales (zinc, plata, plomo) cuando su declaración del costo de fundición en el exterior supera el 50% de su costo de operación, asegurando que quede afuera lo ganado.
A pesar del alto valor de las exportaciones, $us 13.653 millones, la crisis económica es una realidad, fruto de la concentración de la riqueza por unos cuantos, la incapacidad de transformar las empresas estatales (YPFB y Comibol) en eficientes que dan valor agregado a las materias primas, el ahogamiento a los proyectos en marcha del litio, el avasallamiento de la minería ilegal del oro, la marginalidad del pequeño productor agrícola y el carácter expansivo de la agroindustria. Como se han desatendido los del sector privado de sus responsabilidades frente al Estado, son las empresas públicas —venidas a menos— las que deben responder por las necesidades del país, buscando satisfacer los requerimientos de insumos y bienes de capital que vienen del exterior: combustibles, medicamentos, maquinarias, alimentos… que requieren todos los sectores de la economía, mientras un grupo privilegiado guarda sus divisas en el exterior o especula con éstas en el mercado negro.
La función del Gobierno es hacer realidad el Estado Plurinacional con leyes y normas de cumplimiento obligatorio, y no esperar la buena voluntad de actores que solo siguen a sus propios intereses de lucro y acumulación.
(*) José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero
