En estas semanas, la Organización de Estados Americanos (OEA) ha vuelto a ser escenario de la polarización de visiones de mundo en la región. En el ojo de la tormenta está el viraje político argentino, que ha puesto en cuestión gran parte de las resoluciones que deberán ser aprobadas en la próxima 54ª Asamblea General de la OEA.
Y es que Argentina, luego de ser líder por décadas en temas de la agenda de derechos humanos, hoy vive un tiempo de oscuridad. A menos de una semana de la realización de la Asamblea General en Paraguay, la representación diplomática argentina ha planteado “borrar” temas que eran resultado de consensos consolidados en torno a los derechos humanos y ambientales.
Si pensábamos que el gobierno de Javier Milei tan solo cuestiona el avance de los derechos de las mujeres y la población LGBTI, nos quedamos cortos. La posición oficial argentina en la OEA propone reescribir o borrar todo rastro de afirmaciones que engloban desde los derechos sexuales y reproductivos hasta los ambientales, pasando por racismo, personas con discapacidad, comunidades indígenas, afrodescendientes, infancias y más. En síntesis, el gobierno argentino plantea barrer del texto de la resolución casi cualquier referencia a avances que suenen “progresistas” (o lo que Milei entiende como tal).
Esta actitud ha sido calificada por el diario Página12 como “un giro cavernícola en política exterior argentina”, contradiciendo la propia legislación nacional. Pero lo que más preocupa es que ese retorno a las cavernas es acompañado por los actuales equipos diplomáticos de Perú y Paraguay, consolidando un bloque que, según el diario argentino, se suele ver con posiciones de países ultraconservadores como la Unión Africana, países musulmanes, Rusia o Hungría. El gobierno de Milei incluso eleva la ambición, puesto que no solo cuestiona la mención de la palabra género, sino tacha en la resolución la mención a mujeres y niñas, “algo nunca visto”, según sostiene la activista argentina María Luisa Peralta.
La delegación argentina ante la OEA está actualmente liderada por Sonia Cavallo, un personaje de muy bajo perfil político, solamente conocida por ser hija de Domingo Cavallo, el exministro de Economía de Carlos Menem (1991-1996) y Fernando de la Rúa (2001). El exministro Cavallo, por acciones en su gestión, enfrentó cargos por contrabando y tráfico de armas; negociaciones incompatibles con la gestión pública; pago de sobresueldos y venta de predios públicos por valores inferiores al del mercado. Todos casos que podrían ser denunciados por Milei como acciones cotidianas de la “casta”.
“Cambio climático”, “criminalización y persecución de la protesta social” y “perspectiva de género”, son algunos de los conceptos que el gobierno argentino cuestiona. En el borrador al que Página12 tuvo acceso, la Cancillería argentina expresa su objeción sobre el apartado que denuncia las situaciones de peligro a las que los activistas por los Derechos Humanos se ven expuestos en los distintos países miembros. La Argentina pide que se reconsidere el fragmento en el que se condena la criminalización de la protesta. Su preocupación tal vez se deba a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dependiente de la OEA, realizará el próximo 11 de julio una audiencia virtual para escuchar las múltiples denuncias realizadas desde Argentina respecto a la represión y la criminalización de la protesta social ejecutadas desde diciembre por el gobierno de Milei y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Desde toda la región estaremos atentas y atentos a la próxima 54ª Asamblea General de la OEA por los riesgos de retroceso que presenta y que, con las posiciones de Perú, Argentina y Paraguay, podrían consolidar una tendencia en la región.
Lourdes Montero es cientista social.
