En la tarde invernal del martes 26 de junio, Bolivia, una vez más, se encontró en vilo. Un militar recientemente destituido de su cargo de comandante del Ejército, llegaba con un carro blindado a las puertas del Palacio Quemado para increpar al presidente Luis Arce Catacora. Obviamente, esa imagen inmediatamente hizo evocar a esos tenebrosos días de otras décadas cuando los militares perpetraban golpes de Estado con tanques desparramados por todas las calles que bordeaban la plaza Murillo.
Esa evocación golpista está instalada en el imaginario colectivo, especialmente en el bloque nacional-popular, por el reciente golpe de Estado de 2019. En rigor, el fantasma golpista recorrió, como reguero de polvo, por toda Bolivia, hoy más que nunca por su viralización en las redes sociales; los cajeros automáticos se vaciaron de dinero, las transacciones bancarias se multiplicaron virtualmente y en las gasolineras existían largas filas de autos para cargar combustible. Había una especie de psicosis colectiva por la presencia de un general del Ejército enojado, con una tropa de militares acechando al gobierno de Arce.
En aquellos medios —radios y televisoras— que en 2019 no dijeron nada sobre la ruptura constitucional, solo se recordaban de aquellos golpes de Estado acontecidos en el pasado lejano y no así lo ocurrido hace cinco años atrás. Una forma selectiva de acordarse. A diferencia de 2019, en un primer momento de la intentona golpista de junio de 2024, cuando cundía la incertidumbre, políticos oficialistas —arcistas y evistas— y opositores, al unísono o en sus redes sociales, condenaban ese intento de golpe de Estado. Quizás, allí radica la primera enseñanza democrática.
El discurso de la defensa de la democracia abundó en todos los espacios mediáticos y en las redes sociales —a excepción de algunos extraviados que aplaudían la actitud de ese puñado de militares desafiando el orden constitucional. Mientras tanto, el Presidente estaba posesionando al nuevo Alto Mando Militar, las especulaciones explicativas empezaron a habitar los espacios mediáticos: para la versión oficialista fue una “intentona de golpe de Estado”, mientras para sectores opositores —incluidos los evistas— fue un show orquestado por el gobierno de Arce para desviar la atención de una coyuntura crítica por la que atraviesa, con repercusión en la baja popularidad en las encuestas. Estas divergencias de interpretaciones responden de alguna manera a esa polarización política que marcó el decurso político boliviano de los últimos años.
Ahora bien, por el desarrollo de los acontecimientos todo apunta a un momento de ofuscación del general Juan José Zúñiga, por haber sido destituido por el presidente Arce como comandante del Ejército después de haber declarado públicamente que iba a meter preso al expresidente Evo Morales y que las Fuerzas Armadas son “un brazo armado de la patria”. En un acto impulsivo, Zúñiga, que aún ejercía como comandante del Ejército conjuntamente con el vicealmirante Juan Arnez, excomandante de la Armada, sacaron a un grupo de militares a la plaza Murillo en un acto de apronte, o sea, en una intentona de golpe de Estado.
Esa motivación golpista de Zúñiga alimentada por un mal cálculo político. Quizás pensaba la existencia de las condiciones necesarias por la coyuntura de hoy, marcada por una crisis política y la sensación que la economía va mal, tal vez eso le impulsó a cometer este delito penal que tiene previsto entre 15 y 20 años de cárcel. Quizás, la principal lección de este episodio antidemocrático: el espectro golpista, como en 2019, sigue vigente.
(*) Yuri Tórrez es sociólogo
