El impuesto sobre utilidades tiene dos vertientes (IUE+AIUE) a las que hay que sumar la alícuota por remesas de dividendos. En los países mineros de la región este impuesto totaliza un impacto de 45,3% en Bolivia, 35% en Argentina que no cobra por remesas, 35% en Chile (17% por IUE y 18% por remesas), mientras que en Perú el impacto es de 32,9%: 30% por IUE y 4,1% por remesas que se cobran sobre el valor neto del impuesto a las utilidades*.
Revise: ‘Gobernment take’ (I)
Con estos datos y sin entrar en más detalles, se puede generalizar que el government take (carga fiscal total) tiene variaciones significativas según los incentivos, el margen operativo de cada proyecto y la regulación impositiva doméstica de cada país. En Perú, el government take oscila entre 42% y 52%, en Argentina es de 43,4% y en Chile, 44,7%. Bolivia prioriza un government take más alto en detrimento de incentivos de atracción de inversiones. Si consideramos los impactos de los impuestos regulares (IVA, IT, etc.), ajustes por inflación, variación de la Unidad de Fomento de Vivienda (UFV) en inversiones mayores y otros, resulta que la legislación actual repele las inversiones formales por la pesada carga impositiva y hace que los inversores migren a países mineros del vecindario. Se han hecho muchos ejercicios sobre el tema desde cálculos preliminares hasta detallados flujos de caja para proyectos con costos operativos variables; se puede concluir que Bolivia tiene un nivel de government take de entre 55% y 68% de la utilidad operativa. Si el proyecto está en áreas fiscales, se debiera añadir la alícuota por coparticipación que manda la ley sectorial.
Obviamente esto obliga a aumentar la inversión estatal en nuevos proyectos mineros y fortalecer las entidades estatales que hacen las tareas de exploración y prospección que usan capitales de riesgo para este fin. Los resultados de las dos décadas precedentes muestran que esta política no funciona, no hay proyectos nuevos y se está operando la herencia de las minas de la antigua Comibol y los proyectos históricos como el Mutún, y los salares que están luchando por salir de su condición también histórica de elefantes blancos. Bolivia es un país con un nivel alto de costos operativos por sus condiciones de infraestructura y de enclaustramiento, inseguridad jurídica derivada de la toma de minas y eventuales estatizaciones; esto configura un ambiente negativo para invertir y eleva el riesgo país. Los pocos inversores privados que están en el país son los remanentes del boom de los años 90 y aquellos que están operando con “contratos de producción minera”, modalidad incluida en el artículo 153 Bis de la Ley 845 del 24/10/2016, que modifica la Ley sectorial 535 del 28/05/2014. Esto constituye un tímido intento de cambio ya que la Comibol puede determinar el nivel de participación en cada caso, pero no anula lo que manda la ley sectorial para otras modalidades de asociación.
Es tiempo de soluciones pragmáticas para superar el bache económico que vive Bolivia, la minería es una fuente de valor, si se planifica un cambio en la legislación vigente para adecuarla a los tiempos que corren podríamos tener una solución de mediano y largo plazo. Dejar la informalidad y abrir el país a la inversión formal parece ser el primer paso, no debemos olvidar que vivir soñando en un mayor government take no solucionó los problemas del sector. Cualquier porcentaje de este parámetro aplicado a falta de inversión es cero.
* Los valores en cada caso son referenciales, en base a la información accesible en cada país, v.g. EY Perú 2021. ‘Estructura tributaria y contribución del sector minero a la recaudación’. D´Onofrio A. y Miranda F. 2023: ‘La tributación minera en Argentina: Un análisis comparativo con Chile’; en https//www.redaccion.com.ar y otros.
(*) Dionisio J. Garzón es ingeniero geólogo, exministro de Minería y Metalurgia
