A 15 días del “golpe de Estado fallido”, “autogolpe”, “alzamiento militar” o como quiera llamarse, la ciudadanía continúa con el debate a la espera que el gobierno de Luis Arce brinde una explicación más creíble a la que ha presentado hasta ahora.
Los hechos del 26 de junio que fueron encabezados por el amigo y concuñado de Arce Catacora, el general Juan José Zúñiga, no deben dejarse pasar de lado sin que se sepa la verdad absoluta. A medida que pasan las horas, los días y semanas, las conjeturas sobre si fue “golpe fallido” o “autogolpe” van in crescendo.
Consulte: La extrema derecha acorrala a Francia
Si bien el Gobierno, casi a diario, sale a dar explicaciones de cómo se habría planeado el “golpe de Estado fallido” o muestra más aprehendidos que habrían participado en la acción castrense, éstas todavía no logran convencer las decenas de interrogantes que tiene la población. Más aún por las palabras vertidas por Zúñiga la noche de su aprehensión en el Estado Mayor del Ejército, cuando dijo que, en una reunión deportiva, el presidente Arce le había sugerido sacar las tanquetas y “preparar algo para levantar su popularidad”, ante la “semana jodida” que se venía.
Si Arce quería “levantar su popularidad” lo ha logrado, pero en esferas internacionales. Estados que guardan estrechas relaciones con el Gobierno boliviano, así como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de Naciones Unidas (ONU), mostraron su solidaridad y apoyo con el mandatario boliviano. Pero a nivel nacional, su popularidad sigue en caída libre por el mal manejo de la economía y por las constantes acusaciones de corrupción en esferas gubernamentales.
En cafés, bares, universidades, círculos intelectuales, centros laborales, organizaciones sociales, juntas vecinales y redes sociales se sigue hablando del asunto. Con la finalidad de revertir las dudas, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, durante sus comparecencias ante la prensa, es enfático en asegurar que no habrá impunidad para ninguno de los responsables del “golpe de Estado fallido” y acusa, sin pruebas, que por detrás de esas acciones existen intereses políticos que tenían y tienen como finalidad la desestabilización.
Lo que no encaja en la mente de la población es el hecho de que la asonada militar se caracterizó por que los soldados portaban armas con balines de goma y no de grueso calibre. En su afán de aclarar esta duda, Del Castillo asegura haber encontrado en el hall del Palacio Quemado una ametralladora repleta de balas. Lo raro es que nadie tomó una foto de ese armamento en su momento.
También despiertan fuertemente la duda las declaraciones del ministro de Defensa, Edmundo Novillo, quien señaló que se enteró por los medios de comunicación que se había generado un movimiento de tropas y tanquetas blindadas en la plaza Murillo, y que “se desayunaba” con la noticia que pretendían derrocar al Gobierno. La pregunta del millón: ¿cómo es que Novillo, quien maneja el aparato de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, de la Policía y de la contrainteligencia nacional, no haya sabido con anticipación de los aprestos militares?
Según el Ministerio de Gobierno, hay alrededor de 80 personas involucradas en el alzamiento militar. De ese número, hay más de 20 aprehendidos por los delitos de terrorismo y alzamiento armado contra la seguridad y la soberanía del Estado.
Lo que también llama la atención son las declaraciones que realizó en días pasados el general del servicio pasivo Tomás Peña y Lillo, quien es señalado por el Gobierno como el “principal buscado” por la asonada militar. El militar, en varias entrevistas que brindó a medios de comunicación desde la clandestinidad, manifestó que tiene serias dudas de que se trate de un “golpe de Estado” por la cantidad de batallones involucrados y por la hora de la movilización militar. Además, indicó que semanas antes del 26 de junio se hablaba que el presidente Arce quería entregar el gobierno a Zúñiga, teniendo en cuenta la amistad que tenían, o a civiles, bajo el amparo de las Fuerzas Armadas. Estas agudas declaraciones, que no son bien vistas por el Gobierno, han hecho de Peña y Lillo el militar del servicio pasivo más buscado en todo el territorio. Mientras se realiza su búsqueda, la verdad es que la carencia de dólares y el aumento de la inflación en el país continuan con paso de parada.
(*) Alfredo Jiménez Pereyra es periodista y analista internacional
