¡Bravo! Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) descubrió un megacampo en la zona no tradicional del norte de La Paz, el regocijo es general; más bien, la controversia viene sobre el camino recorrido.
La experiencia nos señala que los grandes proyectos tienen un largo periodo de maduración; desde el momento de la percepción de indicios de existencia de un yacimiento, hasta la toma de decisión para la perforación, se habrá superado varias fases y los primeros pozos serán la continuidad de la exploración. Se trata de conformar un mapa geotectónico e identificar dónde habrían sido acumulados los productos de la descomposición de la materia orgánica en las sucesivas eras geológicas.
En el caso que nos ocupa, el proceso comenzó en 2008. Recuerdo la llegada a La Paz de pobladores de Alto Beni, cargados con sus bidones de petróleo como testimonio de su existencia. En esa época era YPFB-Residual la llamada a encarar el problema, por eso se justifica su alianza con PDVSA de Venezuela (2008-2015), luego la empresa francesa Beicip-Franlab (2017) y posteriormente la empresa rusa Gazprom (2019); estas alianzas hacen resaltar la ausencia de capacidad técnica propia y, al final, las decisiones —ante posiciones divergentes— las tomaron con esas debilidades congénitas.
El proceso fue efectivamente muy largo: a las dificultades propias del trabajo de exploración hay que considerar las condiciones geográficas y la lejanía de la zona, los problemas climáticos y la aquiescencia social. Las tareas se dieron en el Subandino norte y sud: en Sécure y Chapare en Cochabamba; en Madidi, Liquimuni y Chepite en La Paz, con una inversión de $us 540 millones. Si bien se puede decir que no se ha descubierto petróleo, se ha acumulado información como para dar el siguiente paso: la perforación en Mayaya anunciada en julio de 2019, el golpe de Estado a los pocos meses y los cambios de gestión postergaron los trabajos hasta noviembre de 2022, con los resultados hoy conocidos. Este proyecto ha tardado hasta ahora 16 años en confirmar lo esperado, petróleo: es el resultado de una política y la perseverancia, más allá del ajayu de cualquier persona.
Los resultados iniciales obligan a otras tareas: la cuantificación real del campo, la perforación de los pozos de explotación, el tendido de los oleoductos para el transporte a las refinerías y los centros de consumo, acciones que tomarán tiempo y requerirán recursos económicos. Una vez certificada la riqueza, no será difícil su financiamiento; aún con recursos propios, lo problemático es el tiempo político.
El tiempo político está referido a la oportunidad frente a la crisis energética, lo que requerimos son soluciones ya. Desde las esferas de gobierno se han planteado soluciones que no se concretan: la importación de petróleo crudo para refinarlo en el país, el transporte por oleoducto desde Arica-Sicasica-Cochabamba, el incentivo a la importación de autos eléctricos, el cambio del combustible líquido por gas, el cambio de la generación termoeléctrica por energía limpia. Estas acciones hay que verlas como política de Estado y no simplemente como iniciativas personales y, por cierto, concretarlas.
En definitiva, lo que se ha caído es el discurso de que los bolivianos somos pobres e incapaces; por qué necesariamente tendremos que depender de la alianza con transnacionales con conocimiento y capital, argumento para cambiar la Ley de Hidrocarburos que garantiza la propiedad de éstos por el pueblo boliviano y una participación del 82 % a favor del Estado, modificaciones que anuncia el ministro de hidrocarburos. Cualquier incentivo va a ser a costa de quitarle al pueblo.
La tarea urgente es reivindicar los postulados constitucionales y ser intransigentes en la defensa de los intereses nacionales. Hace poco se presionó para que en la Asamblea Legislativa Plurinacional se aprobaran contratos de explotación petrolera, son 14 los que actualmente están en vigencia: han sido firmados en el marco de la actual Ley de Hidrocarburos, las áreas concedidas están en áreas tradicionales, es decir con mayor probabilidad de éxito. Sin embargo, no hay resultado alguno o si lo hubiera, su anuncio está esperando el momento en que se modifique la ley a su favor. El sector privado siempre buscará el momento y el lugar oportunos para sacar una mayor tajada. La única manera de oponerse a sus maniobras es tener una empresa estatal fuerte, técnica y económicamente, con recursos humanos especializados y ante todo con vocación de servir a la patria, con capacidad de hacer alianzas y en esta tarea ser fiel en la defensa de los intereses nacionales y no claudicar ante la corrupción.
(*) José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero
