La convocatoria al Congreso Plurinacional de Educación 2024, realizada por el Ministerio de Educación, ha generado críticas y expectativas en diversos sectores de la sociedad, especialmente entre los actores educativos. Este evento constituye un espacio social crucial para evaluar el estado de la educación en el Estado Plurinacional de Bolivia, realizar una mirada crítica y constructiva a la ley de educación vigente, y delinear políticas futuras que corrijan errores, resuelvan problemas pendientes, reorienten acciones o profundicen procesos exitosos implementados en el pasado.
La historia de la educación en Bolivia registra congresos educativos de diversas orientaciones y finalidades: nacionales, sindicales, religiosos, indígenas-campesinos. Algunos de estos congresos han contribuido significativamente a la transformación educativa, mientras que otros han tenido historias accidentadas, marcadas por posturas encontradas entre sectores populares y gobiernos, intentos de hegemonía e imposición sectorial, así como politización e intereses externos, como fue el caso del congreso de 1972, impulsado, financiado y organizado por USAID. Esta vez, el Congreso Plurinacional de Educación se presenta como una oportunidad crucial para evaluar la Ley 070 «Avelino Siñani-Elizardo Pérez», para profundizar en sus principios plurinacionales, sociocomunitarios, productivos y emancipadores.
No obstante, el temario propuesto por el Ministerio de Educación ha generado preocupación. En lugar de abordar temas estructurales y estratégicos centrados en el derecho a la educación, se enfoca en aspectos administrativos, técnico-pedagógicos y curriculares, que deberían tratarse en eventos especializados posteriores al congreso plurinacional, tomando como orientaciones las conclusiones de éste.
El congreso tiene que ser el espacio para preservar, profundizar y fortalecer el derecho a la educación en Bolivia, por lo que debería centrarse en cinco ejes fundamentales:
1) Derecho a la educación para todos y todas sin exclusión: Debemos identificar y atender las necesidades de quienes aún no acceden a la educación, aquellos que la abandonan por dificultades socioeconómicas, enfermedad, violencia o discriminación. Es necesario garantizar que la educación llegue a las zonas rurales más alejadas, a las comunidades indígenas y a los grupos más vulnerables. En este aspecto se han implementado políticas educativas con resultados positivos que deben evaluarse, ampliarse y fortalecerse.
2) Derecho a la educación de calidad, contextualizada y pertinente: No se trata solo de acceder a la escuela, sino de recibir una educación que sea relevante para la vida y pertinente para la sociedad. La calidad educativa debe ser vista de manera holística y multidimensional, incluyendo los aspectos relacionados con la formación docente, que impliquen garantizar condiciones dignas de trabajo y enseñanza.
3) Derecho a la educación intracultural, intercultural y plurilingüe: La base de la descolonización y de lo plurinacional radica en este derecho, fundamental para la construcción de una sociedad inclusiva y diversa.
4) Derecho a la educación en condiciones dignas: La infraestructura escolar, el equipamiento y el material didáctico son esenciales para garantizar una educación de calidad. Es necesario ratificar el principio de que el financiamiento en educación constituye una inversión que es responsabilidad del Estado.
5) Derecho a la educación articulada a la ciencia, tecnología, producción y desarrollo: La educación debe ser creadora de conocimiento y de futuro para la sociedad, por lo que debe asentarse en su articulación con el desarrollo y la transformación social continua.
El Congreso Plurinacional de Educación debe llevar a cabo una profunda reflexión sobre los avances logrados en los puntos anteriores. Es esencial preguntar: ¿qué ha quedado pendiente?, ¿qué necesita ser modificado?, ¿cómo reorientar las políticas vigentes para garantizar una educación pública y gratuita de calidad? El congreso debe trascender las discusiones estériles y las reivindicaciones sectoriales aisladas, buscando activamente consensos y soluciones integrales que beneficien a toda la sociedad.
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(*) Roberto Aguilar Gómez es docente de la UMSA y exministro de Educación
