A Evo Morales la palabra referéndum le debe doler en el alma. Fue a partir de una súbita y hasta ahora inexplicable decisión en tiempo y forma que el expresidente encaminó al país hacia el 21 de febrero de 2016 para preguntarle acerca de su aceptación o rechazo a una nueva repostulación, luego de estar gobernando por tres períodos consecutivos. La respuesta fue terminante. Fue no. Y el mismísimo Evo se rindió ante la evidencia acerca de la decisión expresada en las urnas. Tuvieron que transcurrir 20 meses, hasta noviembre de 2017, que buscando y rebuscando argumentos jurídico electorales, se instrumentó al Tribunal Constitucional —ese mismo al que el propio Evo ahora tacha de prorroguista y funcional a los designios del actual poder gubernamental— para inventar una disparatada habilitación invocando al Pacto de San José, arguyendo que una candidatura presidencial es un derecho humano, razón por la cual se abrían las compuertas para la consolidación del liderazgo caudillista en el ejercicio presidencial.
Corregido semejante despropósito constitucional a partir de la respuesta a una consulta hecha por el entonces presidente Iván Duque de Colombia, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se concluyó que no había tal (agosto, 2021), que de ninguna manera, bajo ningún concepto jurídico se podría aceptar que es un derecho eterno ser candidato cuantas veces le plazca a quien ostenta un gran liderazgo y cree gozar de una legitimidad ilimitada, otorgada por el pueblo soberano.
Hasta aquí la historia es archiconocida y repetida hasta el cansancio. Desde 2019, Bolivia se bambolea en la incertidumbre que genera desde y hasta dónde existe el derecho de acceder a la candidatura presidencial. El país no ha podido superar esta discusión que se ha agravado con la decisión del mismísimo tribunal que habilitó a Evo en 2017, que el Día de los Inocentes, 28 de diciembre de 2023, emitió la sentencia constitucional 1010 en la que queda expresamente determinada la reelección “por única vez continua”. En consecuencia, Evo Morales queda inhabilitado para las presidenciales de 2025.
En un día de iluminación, alguien cercano al presidente Luis Arce se levantó una mañana para sugerirle el camino más expedito y transparente para acabar con este exasperante debate que le ha costado al Gobierno, en los últimos dos años, tener que malgastar su tiempo en una interna partidaria que prácticamente ha destrozado al MAS-IPSP. Esa ruta está marcada por la convocatoria a un nuevo referéndum en el que bolivianas y bolivianos diremos qué hacer con esta cantaleta que nos tiene complicados en un momento en el que la gestión de Arce debiera estar exclusivamente enfrascada en buscar salidas a una situación económica que se viene tornando cada vez más compleja e irresoluble, sobre todo porque la desaparición del dólar callejero y el más grande, el necesario para las transacciones importadoras y exportadoras, está complicando el funcionamiento económico productivo del país.
Caudillismo. Mesianismo. Endiosamiento. Culto a la personalidad. Todos estos son conceptos que mucho tienen que ver con el estalinismo que desfiguró la revolución rusa y la construcción de una unión de repúblicas socialistas, y que con acento latinoindocaribeño se han incorporado a este lado del mundo, atribuyéndoles facultades y poderes especiales a nuestros libertadores republicanos del siglo XIX, de los cuales llegarían las herencias de lo bolivariano para atribuirse capacidades ilimitadas de ejercer el poder, descartando de un plumazo la imprescindible alternancia de nombres en las jefaturas de Estado.
Con sentido de previsión, lo primero que le sugirieron a Nicolás Maduro cuando se estrenaba en la presidencia de Venezuela (2013), si quería tener relativo éxito en su gestión, era deshacerse de los chavistas en tanto se presagiaba que si los mantenía en la estructura de poder, su presidencia podía sufrir fuertes embates internos. Así son los grandes caudillos: hasta después de muertos son capaces de seguir influyendo en el estilo decisional de manejar el poder. Pues bien, todo indica que con el referéndum de próxima realización, el presidente Arce podrá neutralizar el asedio evista que tantas averías le ha generado en su ejercicio gubernamental, debido a que es altamente probable que esta nueva consulta popular sirva para ajustar cuentas con el pasado y reivindicar el valor del voto del 21F pisoteado con una habilitación que terminó con sindicaciones de fraude, derrocamiento y golpe de Estado.
Las sociedades del siglo XXI quieren gobernantes que no jueguen a la tentadora activación de la idolatría, y la única forma de marcarles los límites a los caudillos que creen en la perpetuidad del tiempo en el poder es a través de las restricciones que impone la ley. En ese sentido, el modelo mexicano de seis años en el gobierno de un presidente y sanseacabó parece no exhibir márgenes de error.
Julio Peñaloza Bretel es periodista.
