No se puede tapar con un dedo lo que se hizo en los 14 años del gobierno de Evo Morales. Los indicadores son claros. De un Producto Interno Bruto de $us 9.574 millones en 2006 se llegó a $us 45.464 millones en 2023; de un valor de exportaciones de $us 4.088,3 millones en 2006 se llegó a $us 13.603,7 en 2022. Esto no es producto de la casualidad, sino de la ampliación de la infraestructura productiva: caminos, aeropuertos, generación y distribución de energía eléctrica, comunicación satelital, instalación de plantas de abonos, riego, compra obligada de productos nacionales, apertura de mercados a nivel internacional, la recuperación de la calidad productiva del Estado en áreas estratégicas, más allá de la atención al sector social. Todo esto se hizo con recursos del Estado, particularmente los dólares provenientes de la nacionalización de los hidrocarburos y la minería estatal; los beneficiarios fueron todos, pero, ante todo, el sector privado exportador y la banca.
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Esa época de bonanza estatal se acabó, pero las obligaciones se mantienen. En esto es necesario reconocer dos errores: 1) la parálisis del crecimiento del sector productivo estratégico estatal: petróleo y minería; y 2) la no contribución del sector privado al Estado acorde con su crecimiento. Se ha abandonado el fortalecimiento institucional de YPFB, por eso no dio resultados la inversión de más $us 3.500 millones en exploraciones y se postergaron proyectos como la fabricación de polímeros; se han abandonado los proyectos en marcha del litio, el Mutún, la ampliación productiva de Huanuni, Colquiri y la Fundición de Vinto, la rehabilitación de Karachipampa y la instalación de las refinerías de zinc.
El sector agroexportador cuadruplicó el valor de sus exportaciones entre 2006 y 2023, lo que nos regocija, pero su contribución al Estado fue mínima, a pesar de que su crecimiento se basó en la disponibilidad de dólares baratos y la ampliación de la frontera agrícola. Lo propio ocurrió con la minería privada en sus sectores de la gran minería y cooperativas, con la agravante que la refinación de los minerales complejos se la realiza en el exterior, absorbiendo el 50% de su valor de mercado, mientras la explotación aurífera se la realiza destruyendo el medio ambiente y con la degradación del capital humano. Además, hay que resaltar otra característica del sector privado exportador, la discrecionalidad con la que disponen las divisas: según su conveniencia, las traen al país para solventar sus necesidades de producción, o las dejan en bancos o paraísos fiscales en el exterior.
Pero la disponibilidad de dólares no solo está referida a su ingreso al país, sino también al destino que se les da. Un sector que ha crecido es el comercial, particularmente el importador. Lo que importamos no es precisamente lo que necesitamos o no tenemos, son los llamados suntuarios, así la importación de automotores por un valor de $us 1.200 millones por año no se explica cuando una de las causas de crisis económica es la carencia de combustibles, además se alienta su importación bajo el título de capital de trabajo, con arancel cero; igualmente, ¿qué sentido tiene la importación de alimentos para perros y gatos, en forma de croquetas?
La disputa por el excedente económico marca la diferencia de los modelos. La crisis planteada rememora disputas entre proteccionistas y librecambistas, entre nacionalistas y liberales, entre neoliberales y progresistas (cf. Fernando Molina, La Razón, 11-08-24). En esta disputa está el destino de la política económica: Bolivia digna, soberana, productiva y democrática, que es la esencia del Estado Plurinacional.
(*) José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero
