En los últimos 20 años se llevaron a cabo cinco referendos en nuestro país, en los cuales se abordaron diferentes consultas a la población, entre ellas la referida al gas, las autonomías y la nueva Constitución Política, a objeto de contar con el respaldo legítimo que permita la toma de decisiones por parte de las autoridades y se consolide de esta manera la transición de la democracia representativa a la participativa.
A inicios del nuevo milenio, la producción y la comercialización del gas se constituyeron en un tema de agenda de discusión debido a las connotaciones importantes y sensibles que representan para nuestro país los recursos naturales, ya que, valga recordar, en varios periodos de nuestra historia colonial y republicana se produjo su explotación, pero contrariamente con un beneficio menor para Bolivia.
Durante la segunda presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003), la gestión de gobierno contemplaba proyectos para la exportación de gas a los mercados norteamericanos y se preveía puertos chilenos para su industrialización y comercialización, aspecto por el apeló a las alianzas políticas necesarias para respaldar las determinaciones asumidas, más allá de que se produjeran entre ideologías contrapuestas pero con intereses mutuos, sin ningún tipo de consulta popular y apelando a la democracia representativa.
Esta situación, sumada a la inestabilidad política y económica, generaron una convulsión social que produjo la salida de Sánchez de Lozada, por lo que se efectúo la sucesión constitucional, convirtiéndose en presidente Carlos Mesa, quien, mediante referéndum del 18 de julio de 2004, llamó a la consulta para que la población defina sobre los hidrocarburos, como la propiedad del gas en boca de pozo, la refundación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la exportación del gas.
De hecho, la respuesta reflejó el sentir pleno de la población, que rechazó la exportación de gas que implicaba industrialización previa del gas boliviano por puertos chilenos, pero sobre todo envió un contundente mensaje nacionalizador de los recursos naturales, en este caso del gas, para que pasen a manos nacionales y beneficien a los bolivianos.
Los referendos son una práctica recurrente en diferentes países del mundo en los cuales es común realizar este tipo de consultas a la población, debido a la importancia de los temas y los mecanismos de legitimidad que otorgan.
Otro episodio, en el periodo del Estado Plurinacional, estuvo referido a la intención de eliminar la subvención a los hidrocarburos. Así, mediante el Decreto Supremo 748, del 26 de diciembre de 2010, se levantó la subvención a la gasolina y el diésel, produciendo incrementos significativos en su precio, norma que estuvo vigente solo cinco días, ya que el 31 de diciembre, horas antes del año nuevo, debido a las protestas y paros que amenazaban la estabilidad del país, el gobierno de turno tuvo que abrogar la decisión al escuchar la protesta de la población por los efectos contrarios que produciría el incremento de los hidrocarburos.
Estos antecedentes muestran que existe la necesidad de efectuar las consultas respectivas a la población sobre temas esenciales que la afectan directamente, logrando de esta manera la legitimidad de las medidas asumidas por las autoridades, inclusive adecuando los límites normativos que pudieran existir. En tal sentido, efectuar un nuevo referéndum para consultar a la población con relación a la subvención de los hidrocarburos es imprescindible, aspecto que acertadamente fue anunciado por el Gobierno.
Gustavo Gómez es economista.
