Pese a que la coyuntura actual concentra la atención pública en varios temas urgentes, es necesario continuar dialogando sobre un proceso tan importante para nuestra sociedad como el Congreso Plurinacional de Educación.
Uno de los temas de la agenda del Congreso es el referido al financiamiento de la educación. Ciertamente no es el más importante, pero es el elemento que sostiene y que brinda las condiciones para que lo verdaderamente importante —los procesos y resultados educativos— pueda generarse.
Mínimamente es necesario considerar tanto las fuentes de financiamiento y su sostenibilidad, como la cantidad de recursos y los criterios con que se administran. Hay que destacar que el país ha logrado dejar de depender de la ayuda externa para sostener su sistema educativo —son imborrables las imágenes de algún presidente explicando cómo debía estirar la mano para poder pagar los sueldos a los maestros— y que los montos destinados a éste han visto un sostenido incremento en los últimos años: En 2006, Bs 6.525.307.018; en 2022, Bs 24.837.348.077 (Ministerios de Educación y Economía y Finanzas Públicas).
Casi la totalidad de dichos montos es destinado directamente a la planilla del magisterio nacional (aproximadamente 71% a educación regular, 3% a educación alternativa y especial y 24% a educación superior); ésta se administra en un complejo y desactualizado mecanismo de ítems mediante el cual se define la carga horaria, en lo posible con pertinencia académica y, como resultado, el salario de las 175.319 personas en servicio educativo de todo el país:155.226 maestros, 7.117 directivos y 12.976 administrativos (Ministerio de Educación a febrero de 2024).
Con estos datos positivos, ¿por qué todos los años invariablemente los dirigentes sindicales entran en negociaciones, presiones y movilizaciones por mayor cantidad de ítems (léase presupuesto)? O pese a los avances los recursos siguen siendo insuficientes o éstos son suficientes pero su administración necesita un serio replanteamiento.
Son múltiples las variables que intervienen en la administración de los ítems, entre las más relevantes: La antigüedad del maestro, desde categoría 5ta. hasta mérito, reglamentadas por el Escalafón Nacional del Servicio de Educación que data de 1957 (D.S. N°04688); el lugar donde trabaja, urbano, rural, frontera; las horas asignadas. Basta un simple ejercicio de comparación de boletas de pago que conjuguen las variables mencionadas para ver notables diferencias salariales.
La actual distribución de ítems, en gran porcentaje, no responde a la realidad de los centros educativos tanto por exceso como por defecto; existen zonas en centros urbanos que aún cuentan con ítems rurales, mejor pagados; ítems en contextos en los que ya no hay estudiantes o donde la matrícula ha disminuido drásticamente; ítems para escuelas nocturnas con estadísticas maquilladas y un largo etc. de casos similares en educación regular y en alternativa; situaciones que coexisten con escuelas con carencia de ítems, con déficit de horas y aulas sobrepobladas.
Reordenar ya no es suficiente, intentos parciales ha habido. Hoy es necesaria una nueva distribución de los ítems en función a la movilidad demográfica y garantizando el derecho a la educación de todas y todos. Ello permitiría tener maestros con pertinencia académica, con sueldo justo, además de viabilizar ajustes curriculares absolutamente necesarios.
Este es uno de los temas “intocables” para cualquier gobierno o gestión ministerial y/o sindical. Un pronunciamiento, debidamente informado, del Congreso en este sentido ayudaría a viabilizar una política educativa que sincere, transparente y optimice este aspecto central en lo que a financiamiento educativo se refiere.
