El bloqueo de la red X (ex Twitter) en Brasil, efectiva desde inicios de septiembre, y la detención en Francia de Pável Dúrov, CEO del servicio de mensajería Telegram, a finales de agosto, además de coincidir temporalmente, comparten otros aspectos.
Ambos son parte de relaciones más o menos largas y más o menos accidentadas entre los Estados y las empresas tecnológicas. El bloqueo de X forma parte del expediente judicial 4957, llamado Milicias digitales, que investiga el intento de golpe de Estado contra el presidente Lula da Silva en enero de 2023, por el que el juez ha emitido órdenes de bloqueo de cuentas supuestamente involucradas en ese delito, multas por incumplimiento de esas órdenes por parte de X y una orden de designar un representante legal de esa empresa en Brasil, lo que está incluido en la norma brasileña para plataformas digitales que operan en su territorio. Mientras que en el caso de Telegram, existe el antecedente del 13 de mayo de 2023 que bloqueó el acceso a enlaces t.me compartidos dentro de ese sistema de mensajería por un “error humano” de la Policía, al vincular dicha dirección, de manera general, con tráfico de material de explotación sexual infantil.
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Otra coincidencia es que ambos son casos penales y los crímenes que se les imputa a las cabezas de estas empresas están relacionados a la complicidad y participación en organizaciones criminales; en el caso de Musk, se refieren a organizaciones que atentan contra la democracia, mientras que en el caso de Dúrov, se trata de organizaciones dedicadas a la distribución de imágenes sexuales de niños, fraude, tráfico de drogas, crimen organizado, lavado de dinero y promoción del terrorismo.
Los defensores de los líderes tecnológicos dicen que son atentados contra la libertad de expresión y que en ambos casos se esconden motivaciones políticas. En Brasil se pretendería impedir que X juegue un rol importante en la campaña electoral de la opción ultraderechista y en el caso de Telegram, se pretendería acceder a información sobre la guerra en Ucrania, ya que este servicio es ampliamente usado en Rusia y en los países de la antigua Unión Soviética.
Estamos viendo problemas serios que se pretenden resolver con acciones de fuerza (bloqueos de acceso a redes sociales, sitios web o incluso a Internet en su totalidad) que, por un lado, dejan sin canales de información a las personas; pero, por otro, son mecanismos para que las empresas actúen respetando las leyes de los países donde operan. Otro punto de vista alerta acerca del riesgo de la fragmentación de Internet, que podría llevar a varios internet no conectados entre sí definidos por la región o el país donde se esté.
(*) Eliana Quiroz es ciberactivista y burócrata. blog: www.internetalaboliviana. wor-press.com
