Cada año, como un funesto ritual, enfrentamos durante 16 semanas la quema de nuestros bosques. Desde 2002 hasta 2023, el área total de bosque primario húmedo en Bolivia disminuyó en 10%. Y este año, según instituciones especializadas, hemos reportado 34.078 focos de calor, haciendo del 2024 uno de nuestros peores años.
Todos nos preguntamos ¿Qué es lo que provoca este periodo dantesco? ¿los bolivianos y bolivianas somos tan irresponsables que, por beneficios económicos o intereses políticos, prendemos fuego nuestro territorio? Y tal vez lo más importante ¿podemos hacer algo para evitarlo? Comparto los cinco temas centrales en esta discusión.
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Hay años, como el actual, en que el fuego es más crítico debido a los factores climáticos. Entre los especialistas se habla del 30-30-30 como las tres condiciones climáticas que, juntas, ayudan a una propagación rápida del fuego: 30 o más grados de temperatura, menos de un 30% de humedad del ambiente y más de 30 nudos de velocidad del viento. Esta condición climática se incrementa cada año y el 2024 se presenta como el año más caluroso jamás registrado, con una temperatura media global que supera en 1,51 °C el período preindustrial.
Este contexto global se intensifica con los procesos de cambio de uso del suelo que enfrentamos en Bolivia. Parte de las Tierras de Producción Forestal Permanente (TPFP) fueron convertidas a ganadería y agricultura utilizando prácticas de desmonte y “chaqueo” inadecuadas. De continuar la tendencia actual se estima que, a 2040, la mitad del Bosque Seco Chiquitano desaparecerá bajo la acción humana.
Esto en parte responde al horizonte de desarrollo extractivista intrínseco al “modelo económico boliviano”, que plantea como metas aumentar las tierras cultivadas de 3,5 a 12 millones de hectáreas y duplicar la población vacuna para el 2025. Esto es acompañado por una serie de políticas de incentivo a la producción agropecuaria que incluye créditos a muy bajas tasas de interés, así como la subvención a los hidrocarburos.
Esta visión, y la presión del “modelo cruceño de desarrollo” al Estado ha generado una arquitectura legal que incentiva el uso del fuego como herramienta para abaratar costos en la producción, como la Ley 741, la cual amplía el desmonte de cinco a 20 hectáreas en tierras con cobertura boscosa, así como el Decreto Supremo 3973, que autoriza el desmonte y las quemas inclusive en tierras forestales. Este es parte del paquete de las denominadas “leyes incendiarias”, tan cuestionadas en el actual contexto.
Por último, debemos plantear que parte del problema es la insuficiente capacidad de control de parte de las autoridades de todos los niveles, para supervisar y/o evitar los asentamientos en tierras de producción forestal permanente. También la falta de investigación, seguimiento y sanciones a los casos conocidos de incendios ilegales de años anteriores.
Así, la lucha contra los incendios forestales requiere un enfoque integral. No se puede tratar la cuestión de las quemas periódicas desde un enfoque desconectado, por ejemplo, de la contaminación por mercurio de los ríos amazónicos, ni de la expansión de la frontera agrícola para la ganadería y la producción de agrocombustibles.
Ello nos lleva a preguntas incómodas, por ejemplo ¿es posible/tenemos la voluntad de revertir grandes propiedades que no cumplen la función económico social? Estas políticas de cumplimiento de la función, ¿se constituyen en un incentivo para la deforestación? ¿seguimos adelante con los proyectos de biodiésel a pesar de la amenaza ambiental que implica? ¿impulsamos la exportación de carne a pesar de que la ganadería es una de las principales causas de la deforestación en la Amazonía? En fin, requerimos con urgencia que el Estado tome en serio su discurso sobre los derechos de la Naturaleza y deje de ser permisivo ante la destrucción de la Naturaleza.
(*) Lourdes Montero es cientista social
