El pasado 4 de diciembre, el asesor general del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, Óscar Navarro, declaró en medios de prensa que la justicia impide la fiscalización técnica territorial efectiva. ¿Estará consciente de que esto puede traer repercusiones de desgobierno contundentes para La Paz?
Actualmente, el municipio tiene conflictos limítrofes con siete municipios: El Alto, con una pretensión de 0,12%, Achocalla 2,78%, Palca 12,65%, Mecapaca 2,84%, Guanay 24,40%, Coroico 11,04% y Caranavi 3,20%; en sumatoria, la pretensión total de los municipios colindantes compromete a más del 50% del territorio de La Paz en su área urbana y rural.
Es cierto que esta problemática no es reciente y sería injusto individualizar la responsabilidad al GAMLP. Sin embargo, la improvisación, que es ya una marca registrada del gobierno de Iván Arias, se hace presente una vez más en declaraciones irresponsables que fácilmente pueden ser tomadas por promotores de construcciones ilegales y profanadores del patrimonio como una nueva justificación para atentar contra la gobernabilidad y soberanía municipal.
De acuerdo con el PTDI, aprobado por la Ley Municipal Autonómica N° 503 de 16 de febrero de 2023, el municipio cuenta con una extensión territorial de 3.155 km² avalados por una extensa lista de normas en materia de límites, estableciendo esta superficie como el territorio oficial del Municipio de La Paz, el cual, debería ser protegido, defendido y resguardado. Quizá el Asesor General desconoce este cuerpo normativo promulgado por el propio alcalde y trabajado desde la Secretaría de Planificación durante dos gestiones.
La Ley N° 233, de Fiscalización Técnica Territorial tiene por objeto el regular la fiscalización territorial como efecto de la ejecución de obras, construcciones y/o edificaciones realizadas en el territorio del Municipio de La Paz a través de diferentes instrumentos como notificaciones, multas, sanciones de demolición, entre otros, los cuales, de acuerdo al exviceministro no podrían realizarse debido a la existencia de fallos judiciales que impiden cualquier accionar en las áreas que son reclamadas por otros municipios, es decir, La Paz estaría en completa indefensión ante la pasividad, inoperancia y poca voluntad política de defender el territorio por parte de las autoridades actuales, mismas que aceptarían esta situación con total comodidad.
Las aseveraciones vertidas permiten inferir dos suposiciones tan críticas como preocupantes. La primera, las autoridades municipales desconocen de leyes y atribuciones, este desconocimiento genera que se realicen declaraciones absurdas de manera sistemática e insensata por altos cargos dentro del municipio. La segunda, las autoridades municipales actúan con discrecionalidad favoreciendo a ciertos promotores de la construcción, fingiendo restricciones inexistentes acompañadas de demencia transitoria cuando se trata de grandes edificaciones, ejerciendo su atribución de control territorial únicamente cuando se trata de pequeñas construcciones. Estas hipótesis son por ahora simples suposiciones, sin embargo, las mismas pueden ser la base de una gran investigación en materia acción y omisión.
Lo que si es cierto es que, de acuerdo a Navarro, La Paz es tierra de nadie, al menos en la mitad de su territorio. Los avasalladores son intocables y no procesables debido a fallos judiciales que nadie conoce excepto él. Qué gran noticia para las empresas constructoras que casualmente establecieron sus lugares de intervención en estos sectores en conflicto.
Rodrigo Mamani es arquitecto municipalista.
