El inédito proceso de segunda vuelta en las elecciones generales del país está presentando aspectos novedosos relacionados a la comprensión de las propuestas de gobierno que quedaron en competencia; uno de ellos, la valoración de sus niveles de consistencia. Si durante la primera vuelta las propuestas fueron discutidas, como pocas veces en los últimos procesos electorales, gracias a los numerosos debates, a iniciativas sectoriales de diálogos temáticos y al trabajo de la prensa del país, el análisis quedó en lo genérico y declarativo, principalmente por la cantidad de propuestas y el consiguiente nivel básico, casi de slogans, del tratamiento de éstas.
Con solo dos candidaturas en la segunda vuelta, la discusión genérica está dando paso a un análisis en detalle, comparativo y de medición de sus viabilidades. Ya no se trata sólo de conocer qué se promete sino también de comprender cómo piensan hacerlo. Obviamente este nuevo nivel de discusión y análisis no está libre de la contaminación de tácticas y estrategias distractivas propias de cálculos políticos.
Hilando fino en el análisis de las condiciones operativas de las propuestas, se comienzan a percibir grietas estructurales, incoherencias internas, y grados de desconocimiento en ciertas áreas y sectores de la cosa pública.
Para muestra, un botón: Las propuestas sobre el tema educativo. Ambas candidaturas coinciden en dos puntos centrales: Cambiar la ley de educación y descentralizar la administración educativa. Cuando analizamos con detalle el sustento de ambas propuestas y sus márgenes de viabilidad, queda claro que carecen de solvencia, sea porque parten de posicionamientos ideológicos más que de un diagnóstico serio, sea por la limitada comprensión de las complejidades del sistema educativo boliviano.
Ahora nos concentraremos en la primera coincidencia entre los candidatos: Cambiar la ley educativa (no realizar ajustes o actualizaciones, sino ¡cambiarla completamente!). El recurrente recurso en la política del país de reducir las transformaciones sociales al simple cambio de normativa muestra improvisación. Concentrar la propuesta educativa en el anuncio de cambio de la ley, cumple sólo con el efecto de los fuegos artificiales, de los discursos altisonantes, que logran llamar la atención, logran alguna adhesión visceral, pero, por su carencia de sustento y fundamentación, no pasan de ser simple pirotecnia electoral.
De acuerdo con las intervenciones de los candidatos, el cuestionamiento a la ley educativa vigente no tiene mayor argumento que la repetida idea de que ésta imprime un carácter de “adoctrinamiento” a los procesos educativos; idea ampliamente difundida pero carente de evidencia real. Si los candidatos o sus equipos se dieran a la tarea de analizar seriamente la documentación educativa oficial, si simplemente conversaran con maestras y estudiantes (que no con dirigentes o «representantes»), podrán evidenciar que, después de más de una década de vigencia de la ley, no existe el mentado «lavado de cerebro». ¿No son los resultados de la primera vuelta evidencia suficiente de que el supuesto adoctrinamiento no pasa de ser un mito impuesto a fuerza de repetición? La cantidad de información y la viralización de esta no equivale a la verdad, información no es conocimiento; la verdad no es un tema cuantitativo sino cualitativo.
Más allá de estas consideraciones: ¿Qué se lograría cambiando la ley educativa? ¿Cuál sería la nueva propuesta? ¿Sería ideológicamente neutral? ¿Cuánto tiempo llevaría un proceso de discusión de la ley? ¿Sería participativo? Siendo que la actual ley educativa se enmarca en lo establecido en la Constitución, ¿cambiarla requeriría cambios previos en ésta? ¿Cuánto tiempo implicaría? En el caso de darse un proceso acelerado, con la necesaria legalidad y legitimidad, ¿qué elementos de viabilidad y qué condiciones se deberían generar para comenzar su implementación? Mientras esos procesos se desarrollan, ¿qué pasaría con la educación en el país?
Es evidente que, después de una década de implementación, la normativa educativa necesita ciertos ajustes y actualizaciones, pero proponer un cambio de la ley de educación no sólo muestra improvisación e inviabilidad operativa, sino que tampoco apunta a resolver los temas centrales de nuestro sistema educativo: mejorar los logros aprendizaje, garantizar pertinencia, relevancia y equidad educativa. El tema educativo no necesita ser atendido desde la Asamblea Legislativa sino desde las aulas e instituciones educativas, no dentro de tres años sino ahora.
(*) Luis Fernando Carrión Justiniano, PH.D. es educador e investigador boliviano
