En un momento crítico para la economía boliviana, es indispensable reconocer un hecho ineludible: sin una participación más fuerte y dinámica de la empresa privada, el país no podrá recuperar la senda del crecimiento. La reciente afirmación del presidente Rodrigo Paz —“Nos dejaron sin nada en las arcas… se gastaron toda la platita”— evidencia la gravedad fiscal y confirma que el Estado, por sí solo, no podrá generar la inversión ni el empleo que Bolivia necesita con urgencia.
Durante años, el emprendimiento ha enfrentado obstáculos como inestabilidad institucional, trámites excesivos, incertidumbre normativa y competencia desigual con empresas estatales. Estas condiciones han desalentado la inversión y empujado a cerca del 85% de la población económicamente activa hacia la informalidad, frenando el desarrollo nacional.
Los principales retos empresariales se concentran en áreas críticas: incertidumbre macroeconómica, dependencia de recursos naturales, necesidad de diversificar cadenas productivas, escaso acceso al financiamiento para PYMES y startups; burocracia, falta de seguridad jurídica y limitaciones logísticas que afectan la competitividad exportadora. Superar estos desafíos es indispensable para aprovechar plenamente el potencial productivo del país.
Para el sector empresarial, la Carta Magna es un pilar que garantiza seguridad jurídica, libertad de iniciativa privada y respeto a la propiedad. En este marco, se plantea analizar posibles ajustes a la Constitución Política del Estado para fortalecer sectores estratégicos como la minería, los hidrocarburos y el arbitraje, donde la certeza normativa es clave para atraer inversiones.
Pese a las dificultades, Bolivia ofrece oportunidades significativas. La agroindustria destaca por su capacidad de generar valor agregado mediante la transformación de materias primas. El sector tecnológico y fintech avanza gracias a startups con potencial en pagos digitales, logística y agrotech. La minería sigue siendo estratégica, siempre que cuente con reglas claras que incentiven inversiones responsables. El turismo y la hotelería también se perfilan como áreas atractivas, impulsadas por la llegada de marcas internacionales y modelos de franquicia. Articulados, estos sectores pueden dinamizar un crecimiento sostenido liderado por la iniciativa privada.
Para materializar ese potencial se requieren esquemas de financiamiento mixto que combinen capital local, fondos regionales e inversión extranjera. Asimismo, los programas de incubación y aceleración pueden ampliar la innovación y facilitar el acceso a mercados internacionales.
En una economía que demanda dinamismo inmediato, el rol del sector privado vuelve a ser decisivo. Sin inversión nacional y extranjera no habrá generación de divisas, crecimiento del PIB ni expansión productiva. Por ello, Bolivia debe garantizar seguridad jurídica y reglas del juego estables. En un país con bajo ahorro interno, cerrarse al capital externo sería un error estratégico.
El empresariado boliviano ha demostrado resiliencia y compromiso incluso en contextos adversos. Sin embargo, este esfuerzo requiere un entorno institucional sólido, donde el Estado no intervenga de manera arbitraria, sino que promueva diálogo, coordinación y confianza. Como señala el sector privado, construir un país viable exige estabilidad y claridad normativa. En ese marco, los empresarios están preparados para asumir un rol protagónico en la recuperación económica.
El desarrollo no se decreta: se construye. Y sin empresa privada no habrá empleo, producción ni crecimiento. Lo que está en juego no es un interés sectorial, sino el futuro económico de Bolivia.
Rolando Kempff Bacigalupo
es licenciado en economía de la UMSA, académico de Número de la ABCE y presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz (FEPLP).
