Mediante un comunicado, el Ministerio de Economía, instruyó este martes a las entidades del sector público aplicar una política de austeridad y racionalizar y/o reducir sus gastos, sin afectar su funcionamiento, en viáticos, pasajes, celulares y publicidad, entre otros.
La nota indica que la política se aplica con la finalidad de precautelar la sostenibilidad financiera, realizar un manejo apropiado de los bienes del Estado y optimizar el uso de recursos públicos.
Indica que en el ítem de viáticos y gastos en bienes y servicios de consumo como publicidad y difusión, y renovación de vehículos, debe reducirse a lo estrictamente necesario.
En el caso del servicio de imprenta sugiere “la difusión de sus publicaciones, memorias institucionales y otros medios electrónicos y páginas web institucional”, y prohíbe la impresión de agendas.
Asimismo, aclara que deben reducir los gastos de pasajes y viáticos por reuniones y otros y sugiere procurar “el uso de tecnología de información para su efectiva comunicación”.
Lea más: Arce insiste en un ‘boicot interno’ desde la Asamblea Legislativa a la economía nacional
Gastos
En activos fijos, se debe ahorrar en equipos de oficina y de computación, precautelando que su adquisición sea de prioridad institucional.
Además, el Ministerio de Economía ordenó cumplir el Decreto Supremo 27327, emitido en 2004 por Carlos Mesa para implementar la austeridad en el Gobierno.
El documento también señala que “los vehículos oficiales son de uso exclusivo para el desenvolvimiento de funciones de las autoridades establecidas (ahorro del consumo de combustible), quedando prohibida la asignación a otros servidores públicos no consignados en la referida norma”.
Señala que “la compra o alquiler de bienes inmuebles sólo será posible en casos de extrema necesidad, y previo análisis del SENAPE y cumplimiento de la normativa vigente”.
Respecto al uso de teléfonos celulares, explica que solo podrán contar con el servicio los funcionarios del primer y segundo nivel jerárquico, a menos que haya autorización de la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE), a través de resolución expresa, bajo su responsabilidad.
