El Gobierno proyecta este año un ahorro de Bs 1.000 millones con el plan de austeridad en la administración pública que hizo conocer el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. La norma remarca que la medida no debe afectar al funcionamiento y los servicios de las entidades, ni en la inversión.
La viceministra a.i. de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, Camelia Delboy, informó este miércoles que la ley se ejecuta desde 2021 y busca mejorar la eficiencia en gastos corrientes. Aseguró que se proyecta un ahorro de Bs 1.000 millones si las instituciones públicas aplican la normativa en los ítems correspondientes.
“Se tiene proyectado, una estimación, de ahorrar Bs 1.000 millones. El 2022 teníamos un 74% de la ejecución presupuestaria en estos ítems, para el 2023 bajó a un 68%; entonces vemos que cada gestión va disminuyendo el uso de estos recursos en gastos corrientes. Tenemos proyecciones estimadas en ahorro si las entidades tienen el comportamiento que han tenido hasta la fecha”, dijo la autoridad.
El martes, mediante un comunicado, Economía instruyó a las entidades del sector público aplicar una política de austeridad y racionalizar y/o reducir sus gastos en viáticos, pasajes, celulares y publicidad, entre otros.
Delboy explicó que el comunicado aplica para todas las entidades del nivel central, subnacionales, universidades y empresas estatales para que apliquen un uso racional de los recursos del Estado.
Austeridad
Asimismo, aclaró que cada entidad tiene la facultad de definir en qué ítem de los nombrados en el comunicado, puede racionalizar más los gastos.
“Desde 2021 ya hemos tenido resultados, desde el presupuesto que tenían vigente al ejecutado de las entidades en los ítems específicos que se mencionan en el comunicado. Cada entidad decide en qué ítems puede cortar porque no queremos afectar su funcionamiento”.
Delboy enfatizó que el objetivo es generar un ahorro que pueda luego ser invertido en diferentes proyectos.
“El comunicado emitido el martes está basado en una normativa vigente que está en aplicación. Por ejemplo, en enero del 2023 hemos emitido una norma que indica que cuando las entidades tienen activos que dan de baja pueden entregarlos a otras entidades de manera gratuita para que las puedan utilizar en salud. Hay varias medidas que hemos implementado en la gestión pública para la racionalización de los recursos económicos”, dijo, en radio Fides.
Funcionarios públicos
Añadió que se dio énfasis en el ahorro de impresiones, publicidad, reuniones, pasajes, viáticos, porque actualmente la tecnología facilita la comunicación y la difusión.
Respecto a la cantidad de empleados públicos dijo que el 69% del personal está en las áreas de salud y educación, y solo el 2%, en la administración del aparato estatal.
“Se irá viendo otras políticas que se puedan implementar; sin embargo, en el tema de personal, el 69% aproximadamente está dedicado a lo que es salud y educación y eso más bien queremos fortalecer. En el tema de las entidades del nivel central para la administración del aparato estatal, apenas llegamos a un 2% y hay que ver que se presta un servicio a la sociedad, que debe ser de calidad”.
La vigilancia para el cumplimiento de esta normativa está a cargo de la Contraloría General del Estado. Esto aplica en base al Decreto Supremo 27327, promulgado en 2004 por Carlos Mesa para implementar la austeridad en el aparato estatal.
