Luego de que pobladores de Desaguadero reclamaran por el “exagerado” control de los militares, el viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Luis Amílcar Velásquez, informó que se restableció y reforzó el trabajo en esa región con el despliegue de 200 efectivos.
El miércoles, un grupo de pobladores de la localidad de Desaguadero increpó a los efectivos militares que controlan el contrabando a la inversa en la frontera entre Bolivia y Perú, y les reclamó por los estrictos controles que realizan.
El viceministro Vásquez confirmó entonces que el personal militar fue replegado a otro punto para continuar con su labor. Sin embargo, el viernes explicó que las labores se restablecieron.
“Se ha retomado el control total del sector del Desaguadero con el ingreso de 200 efectivos del Comando Estratégico Operacional de Lucha Contra el Contrabando (CEO-LCC); patrullas del Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando y Fuerzas Armadas”, dijo la autoridad.
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Desaguadero
Acotó, que este despliegue se hace con el fin de fortalecer controles contra el contrabando en el marco de las garantías para la seguridad alimentaria de cada uno de los bolivianos.
“Hemos puesto en ejecución todos nuestros comandos estratégicos en todo el territorio nacional, en ese marco, al Comando Estratégico Andino y Pagador que cuenta con 22 puntos de control; uno de ellos en el Desaguadero, donde se han fortalecido los controles”, complementó.
El viceministerio desplegó en el país aproximadamente 2.100 efectivos.
El miércoles, varios pobladores de Desaguadero cuestionaron la labor de los uniformados. “De todo estás molestando, todo están revisando, de qué vamos a vivir. Ambos países vivimos de eso. No nos dejan ni reabastecernos, qué vamos a comer”, se escucha reclamar a un hombre en videos que circulan en redes sociales.
Según la explicación del presidente de la Junta de Vecinos de Desaguadero, Henry Mamani, los pobladores no están incumpliendo las normas; pues no comercializan alimentos en grandes cantidades ni los que son considerados de primera necesidad.
El Gobierno atribuye al contrabando a la inversa el incremento y desabastecimiento de varios productos de la canasta familiar.
En ese marco, el 7 de octubre el presidente Luis Arce instruyó la militarización de las fronteras; y posteriormente promulgó el Decreto Supremo 5245, mediante el cual se endurecen las sanciones al delito de contrabando.
