Tras varias horas de diálogo entre la Cámara Nacional de Industrias (CNI) y autoridades del Gobierno, no se logró llegar a un acuerdo sobre la reglamentación de la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) que autoriza el decomiso y confiscación de productos acopiados.
“Le hemos vuelto a transmitir al ministro la posición que es de rechazo a la disposición y creemos que la misma debe ser derogada. Hemos traído la voz de otras cámaras pares”, informó en conferencia de prensa Pablo Camacho, presidente de la CNI.
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Disposición
De acuerdo con Camacho, la convocatoria se realizó a último minuto, lo que impidió la llegada de los representes del sector agroindustrial cruceño.
Por parte del Gobierno participaron César Siles, ministro de Justicia; Néstor Huanca, titular de Desarrollo Productivo y Economía Plural; y Yamil Flores, ministro de Desarrollo Rural y Tierras.
“Nos han hecho una propuesta que la hemos recibido, pero ya la posición es clara del empresariado nacional y de todas las cámaras”, explicó Camacho.
La propuesta del Gobierno, como lo adelantó el Comité de Seguridad Alimentaria, se trataba de explicar en la disposición que los alcances de la norma no afectarán al sector productivo, con el objetivo de brindar tranquilidad a quienes se dedican a este rubro.
La criticada disposición establece que: “con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales, se faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.
Gobierno
Por ello, el Gobierno insiste al empresariado, productores e industriales, que la medida no afectará a quienes operen en el marco de la ley, sino a quienes se dediquen al agio, al contrabando y a la especulación.
No obstante, Camacho reiteró que se trata de una norma extorsiva y que se puede utilizar de manera arbitraria por parte de las autoridades estatales.
El problema del sector radica con los conflictos y acusaciones que se generan desde la gestión pasada, cuando el presidente Luis Arce y varios ministros acusaron a los productores de ser los responsables del alza de precios de alimentos de la canasta familiar.
Rechazo
El presidente de la CNI dijo que expuso la postura de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), la Confederación Nacional de Agricultura de Bolivia (Confeagro) y las cámaras de transporte.
Además de estas instituciones, los gremiales, prestatarios, comerciantes y actores políticos de oposición también se sumaron al rechazo a la disposición, debido a que consideran que afectará al sector productivo y a la economía nacional.
Pese a todo, Camacho destacó el diálogo con los ministros de Estado y adelantó que se dejó la puerta abierta para tratar otros temas. “Ha quedado abierta la posibilidad de mayores reuniones”, afirmó, pero aclaró que la postura será la misma.
El Gobierno señaló que mientras no se realce la reglamentación correspondiente en coordinación con todos los sectores, los controles no pueden realizarse, por lo que la disposición se mantiene ‘en pausa’.
