El exministro de Justicia, Iván Lima, manifestó su posición en contra de la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE), que autoriza el decomiso de productos, calificándola de innecesaria en un año electoral. En una columna de opinión, Lima subrayó que “no es necesaria” dicha norma, argumentando que su existencia genera conflictos innecesarios por “errores normativos y redundancia inconvencional”.
Según Lima, la medida creó confusión al intentar regular aspectos que ya están determinados por leyes vigentes, lo cual no aporta soluciones reales a los problemas que afectan a los sectores productivos y al acceso a alimentos esenciales.
“Esa norma no es necesaria, porque las atribuciones de las autoridades competentes están determinadas por leyes vigentes y porque la información de producción, transformación y comercialización de los sectores formales ya es presentada ante diferentes órganos del Estado”, afirmó la exautoridad, citado por Unitel.
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Disposición
El jueves, tras una reunión en Sucre, representantes de la cadena productiva advirtieron que, de no ser anulada la disposición por el Gobierno y el Legislativo, se movilizarán a escala nacional el próximo 10 de febrero.
Al respecto, Lima señaló que era “previsible” ese tipo de respuesta por parte de los productores y gremiales, por lo que se debe buscar “soluciones reales” con el fin de “cuidar la economía y el acceso a alimentos esenciales”.
En criterio del exministro, “ni la negociación con los amigos, ni el enfrentamiento con opositores dan solución a un problema creado por la poca claridad de la disposición adicional séptima de la Ley 1613 del PGE”.
Sectores
Además, indicó que “es poco probable que los sectores informales presenten una declaración jurada de su información de comercialización de alimentos esenciales”, lo que refuerza su postura de que la disposición resulta redundante.
Por otro lado, Lima explicó que el PGE fue aprobado con fuerza de ley, lo que implica que ni el Ejecutivo ni el Legislativo pueden modificarlo o derogarlo a voluntad, como piden los sectores que advierten con movilizaciones.
Según el análisis del jurista, la ley solo podrá ser expulsada del ordenamiento jurídico a través de un control de constitucionalidad o convencionalidad.
Asimismo, señala que el diálogo que busca el Gobierno «está estancado” debido a la falta de confianza de los sectores en las instituciones.
