Este viernes, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) añadió oficialmente a Bolivia a su lista gris, luego de que el país no cumpliera con las observaciones para elaborar una ley para luchar contra la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento al terrorismo.
“La organización invitó a Bolivia a mejorar la vigilancia de profesiones como agentes inmobiliarios, abogados y contables, y a asegurarse de que los propietarios de los bienes transmiten información veraz sobre estos”, señala un reporte de AFP.
Hace una semana, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, adelantó que existía la posibilidad real de que el país integre la lista gris del GAFI, pues no se pudo aprobar una ley en la Asamblea Legislativa para luchar contra el blanqueo de capitales.
La autoridad explicó que en 2021 el GAFI hizo esa recomendación al país, por lo que el Gobierno impulsó la Ley 1386, de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo, y aunque ésta fue promulgada, tuvo que ser derogada, debido al “accionar político” de algunos actores.
Según el ministro, varios sectores se opusieron a la norma, debido a que consideraban que afectaba a los comerciantes minoristas. Tras protestas en cuatro departamentos, se optó por derogar la ley.
En ese sentido, la autoridad indicó que será responsabilidad de los asambleístas si es que el país ingresa a la lista gris del GAFI.
De acuerdo con el ministro, formar parte de la lista gris significa que Bolivia ahora estará bajo una constante vigilancia del GAFI hasta que se cumplan las observaciones y recomendaciones realizadas.
El reporte de AFP también señala esa información. “Cuando el GAFI incluye a un Estado bajo vigilancia reforzada, esto significa que el país se compromete a poner en marcha un plan de acción para resolver rápidamente las deficiencias estratégicas identificadas en los plazos acordados, precisó la organización internacional en su comunicado”, explica.
Montenegro recordó que el país ya integró la lista en 2011, debido a falta de avances contra el financiamiento al terrorismo entre 2001 y 2006, pero logró salir dos años después, en 2013.
Además de Bolivia, la lista gris está conformada por países como Argelia, Venezuela, Siria y otros 20 países.
