El ministro de Hidrocarburos y Energías, Alejandro Gallardo, lamentó este jueves la politización del tratamiento de los contratos de litio en la Asamblea Legislativa y dijo que hay parlamentarios que con argumentos incorrectos estén desinformando a la población.
“Está totalmente politizado, porque obviamente vemos que existen muchos argumentos que no son los correctos. Se habla de que no existe consulta previa, que no se están cumpliendo las condiciones ambientales, que no se está considerando el tema de los acuíferos, se habla de un montón de temas que lo único que hacen es desinformar”, dijo la autoridad a los medios de comunicación.
Según Gallardo, los contratos se firmaron con Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) en 2021 y pasaron ya por diferentes etapas, por lo que el Órgano Ejecutivo ya cumplió y ahora está en manos de la Asamblea Legislativa su aprobación.
“Los legisladores tienen en sus manos tratar o no tratar este tema, aprobarlo o no aprobarlo. El Poder Ejecutivo ya cumplió, ya entregó estos dos contratos (…). Es un momento de mucha responsabilidad y, si ellos no están en condiciones de asumir esa responsabilidad, la pasarán a una siguiente Asamblea y se irán con esa carga de no haber hecho su trabajo”, puntualizó.
Gallardo remarcó que con los contratos de litio solamente se utilizaría el 1,64% de los recursos, “un pequeño porcentaje” del total certificado en el salar de Uyuni, que alcanza a los 21 millones de toneladas (t).
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Litio
Además, dijo que considerando que los contratos para industrializar el litio utilizarán la tecnología EDL (Extracción Directa del Litio), hasta 2032, de acuerdo con diferentes empresas de inteligencia de mercado, el mundo llegará a la cúspide de la producción de combustibles fósiles.
“Entonces, ahí hay una oportunidad para que entren las tecnologías emergentes, como la electromovilidad, el hidrogeno verde y dentro de la electromovilidad existen muchos tipos de tecnologías entre las cuales está el litio”, resaltó el ministro.
El tratamiento de los contratos de litio está paralizado debido a la oposición de actores políticos, organizadores sociales e instituciones, principalmente del departamento de Potosí que califican los documentos como entreguistas e inconstitucionales.
Este jueves, el presidente Luis Arce aclaró que el Gobierno está presionando para la aprobación de los contratos y dejó en manos de la Asamblea Legislativa su aprobación o rechazo.
