Legisladores que propician una vigilia en la Comisión de Economía Plural de la Cámara de Diputados para evitar el tratamiento de un contrato de litio determinaron este sábado un cuarto intermedio hasta el lunes 28, informó la diputada potosina Lisa Claros.
“Es una sesión forzada, esta sesión o se instala en Potosí o no se instala; así de claro lo decimos como parlamentarios potosinos. La vigilia es hasta hoy (sábado), y luego vamos a hacer un cuarto intermedio hasta el 28 de julio para irnos a organizar y venir (a La Paz) con más fuerza”, dijo la diputada en conferencia de prensa.
Claros recordó que llevan tres noches y cuatro días en vigilia para evitar que se reinstale la sesión de la comisión que debe analizar el contrato firmado por Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) con la empresa rusa Uranium One Group.
Lamentó que el presidente de la comisión, el diputado Hernán Hinojosa, haya declarado un cuarto intermedio sin fecha ni hora para reinstalar la sesión luego de que el miércoles se registraran incidentes para frenar el tratamiento del contrato.
Claros lamentó el accionar del presidente de esa comisión que se niega a ir a debatir a Potosí los contratos de litio. Recordó que todas las instituciones potosinas están en emergencia y se movilizarán en cuanto concluya el receso parlamentario.
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Litio
Por su parte, Hinojosa dijo el viernes que analizarán con los miembros de su comisión reinstalar la sesión la noche de este sábado. “Vamos a evaluar si hay espacios y garantías para poder llevar adelante, en todo caso estamos esperando a los diputados para evaluar si reinstalamos, pero continúa declarado el cuarto intermedio”, declaró el legislador.
El viernes, y a través de un comunicado en redes sociales, la presidencia de la Asamblea Legislativa informó que el receso legislativo será del 13 al 27 de julio y “sin comisión de asamblea”.
Los contratos de litio con la rusa Uranium One Group y la china Hong Kong CBC Investment Limited aún no han sido analizados por la Asamblea Legislativa. Instituciones y organizaciones sociales de Potosí rechazan los acuerdos y los califican de “entreguistas” de los recursos naturales del país.
