A través de un comunicado, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) pide que el proyecto de ley de diferimiento de créditos sea tratado en el próximo gobierno.
“(…) Consideramos que cualquier disposición que involucre la estabilidad del sistema financiero, debe ser discutida y definida por la siguiente gestión de gobierno. Sin la presión de normas contradictorias impuestas a último momento”, dice la nota.
La norma con la cual se pretende diferir una vez más el pago de cuotas de créditos para vivienda social y de micro y pequeñas empresas ha sido aprobada en la Cámara de Diputados el 12 de septiembre. El documento se encuentra actualmente en el Senado para su tratamiento.
El sector considera que el proyecto de Ley 547 representa un riesgo para su economía “debido a que pone en peligro la estabilidad de todo el sistema financiero nacional. En especial de las entidades dedicadas al microcrédito que en muchos casos sufrirían el freno en el pago de cuotas de más del 80% de su cartera vigente. Situación que las colocaría al borde la suspensión de sus actividades”.
En el documento, advierte que la medida “representa un riesgo para nuestra economía debido a que pone en peligro la estabilidad de todo el sistema financiero nacional”. Por ello, pide a la Cámara Baja asumir una decisión “prudente y correcta”.
DIFERIMIENTO
Asimismo, el comunicado señala que el diferimiento de pago de cuotas fue “impuesto verticalmente y sin ningún consenso con los actores económicos directamente involucrados”. La CEPB considera que “es una de las formas más regresivas de intervención estatal en la economía. Una distorsión a la relación entre los ahorristas que colocan su dinero en el sistema, los ciudadanos que recurren al crédito, y las entidades de intermediación financiera que gestionan la operación en base a acuerdos y compromisos cuyo respeto garantiza el orden y la estabilidad del sistema”.
Señala que es comprensible la situación por la que atraviesan muchas unidades económicas y familias en el país. Sin embargo, reitera que “la crisis que soportamos todos debe enfrentarse con políticas estructurales y coherentes. No con medidas dispersas, improvisadas e inconsistentes que solo profundizan la inestabilidad y la incertidumbre”.
Enfatiza también en que la postergación de pagos, además de afectar a las entidades financieras, compromete el ahorro de las personas naturales y jurídicas. También al trabajo de los gestores de créditos, a las compañías de seguros y a quienes no podrán adquirir nuevos préstamos. Pues habrá falta de liquidez de las entidades financieras afectadas, añade la nota.
ASFI
En pasados días, la directora de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi), Ivette Espinoza, informó que el diferimiento de créditos que plantea al Gobierno mediante un proyecto de ley alcanzará hasta el 47% del total de la cartera. Aseguró que esa cifra no compromete ni tendrá un impacto significativo en el sistema financiero.
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“Este diferimiento es diferente al que hemos tenido en la época de la pandemia (del COVID-19) que era para el 100% de la cartera. Estamos hablando del 47% del total de la cartera a agosto. No como ha sido el caso en 2020, que era el 98% del total”, dijo la funcionaria en conferencia de prensa.
Según las cifras de Asfi, ese 47% son Bs 105.575 millones; mientras que en 2020 la cifra alcanzó a Bs 179.945 millones de la cartera.
Recordó que este diferimiento está destinado a los microempresarios y los créditos de vivienda de interés social.
