El subsidio a los combustibles en Bolivia equivale hasta el 3,6% de su Producto Interno Bruto (PIB), según un análisis de Bloomberg con cifras del Instituto de Finanzas Internacionales (IFF).
El reporte indica que los subsidios a los combustibles fósiles generan una factura costosa de pagar en países como Venezuela, Bolivia y Ecuador, tanto desde el punto de vista económico como político, ante la alta dependencia de diferentes sectores productivos.
Y asegura que, fuera de la factura fiscal, el subsidio a los combustibles constituye, además, un drenaje significativo de recursos en varios países de América Latina, especialmente en naciones andinas.
“En Bolivia, los subsidios a hidrocarburos como el diésel y la gasolina tienen un peso de hasta el 3,60% del Producto Interno Bruto, de acuerdo con cifras del Instituto de Finanzas Internacionales (IFF)”, indica el informe.
Solo Venezuela está por encima de Bolivia en el elevado costo que representa el subsidio a combustibles.
En ese país, los subsidios a combustibles pueden equivaler hasta el 6% del PIB y reflejan “la incapacidad del Estado para sostener un crecimiento económico que permita a los hogares pagar precios internacionales”, dijo a Bloomberg Línea el especialista en asuntos venezolanos y académico de la Universidad del Rosario en Colombia, Roberto Pérez.
Otros países
En Ecuador, donde el gobierno de Daniel Noboa decretó el mes pasado la eliminación del subsidio al diésel en medio de las crecientes tensiones sociales, las subvenciones a hidrocarburos pesan hasta el 3% del PIB.
La eliminación del subsidio al diésel en Ecuador disparó los precios y desató protestas indígenas y bloqueos viales. El precio del galón (3785.41 mililitros) de diésel en ese país incrementó de $us 1,80 a $us 2,80 desde el pasado 13 de septiembre.
En Colombia, estos subsidios pueden representar un poco más del 1% del PIB.
El IFF estima que los subsidios directos a los combustibles rondan el 0,15% del PIB en Perú, que utiliza un Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) como colchón ante shocks externos.
“Si bien el contexto de precios internacionales relativamente bajos ha atenuado temporalmente el costo (de los subsidios), el riesgo estructural persiste. Si el petróleo vuelve a subir, la presión sobre las cuentas fiscales se amplificará con rapidez”, dijo a Bloomberg Línea el economista Jonathan Fortún, del IFF.
A su juicio, lo preocupante es que algunos gobiernos han preferido mantener estos subsidios, incluso durante períodos de precios internacionales bajos, lo que reduce el espacio para maniobras futuras.
“En Bolivia, por ejemplo, el subsidio al diésel y la gasolina representa una carga persistente, que coexiste con déficits fiscales estructurales y un deterioro sostenido de las reservas internacionales”, dice el reporte.
Además, “el verdadero costo podría ser aún mayor si se incorporaran las dimensiones no contabilizadas directamente en el presupuesto, los llamados subsidios indirectos o implícitos”.
Según cifras oficiales, el Gobierno gasta unos $us 2.000 millones al año para la subvención a los hidrocarburos.
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Presupuesto del Estado
El análisis de Bloomberg explica que en países como Bolivia y Paraguay operan regímenes menos institucionalizados, donde los subsidios se ejecutan directamente desde el presupuesto o a través de empresas estatales. “Sin reglas explícitas de ajuste ni mecanismos automáticos de corrección. En estos esquemas, el subsidio termina siendo una cuenta opaca dentro del Estado”.
Para Fortún, esta es una forma “más silenciosa, pero igual de regresiva”, de desviar recursos públicos hacia segmentos que no necesariamente lo necesitan.
En la región, los subsidios a los combustibles y energía constituyen una transferencia que hace el Estado a los hogares y empresas para atenuar el potencial impacto en las condiciones de bienestar y productividad que el acceso a energía y servicios conexos genera.
Una de las razones fundamentales para la implementación de este tipo de subsidios en la región es la volatilidad de los precios internacionales del petróleo y, como consecuencia, de la energía derivada de combustibles fósiles: gasolina, diésel, gas de uso doméstico y gas natural.
En Brasil existen subsidios tanto para la producción como para la venta de combustibles fósiles y renovables.
Aunque México cuenta con un mecanismo semanal para subsidiar el precio de la gasolina y el diésel, conocido oficialmente como estímulo fiscal, actualmente está desactivado en el marco de un tope de precios impulsado por las autoridades.
En Argentina, el Estado viene llevando a cabo un fuerte ajuste a los subsidios a la energía desde que Javier Milei asumió la presidencia. Entre 2024 y 2025 el gasto en subsidios energéticos redujo su peso en el PIB de cerca del 1% a entre 0,5% y 0,7%.
