A pocos días del balotaje y tras haber realizado cambios en su dirigencia, la Central Obrera Boliviana (COB) busca retomar protagonismo político y advirtió a los candidatos presidenciales que no permitirá la privatización de empresas ni la eliminación a la subvención de combustible.
“Nos declaramos en estado de emergencia rechazando categóricamente cualquier intento de reformas a nuestra Constitución Política en la que se garantizan derechos fundamentales de los bolivianos (…), no permitiremos la eliminación o modificación a la subvención de los hidrocarburos, que agravaría la ya deteriorada situación de nuestro país”, señala el pronunciamiento que se conoció este jueves.
COB renovada
Mario Argollo, nuevo secretario ejecutivo de la COB, aseguró que está “Central Obrera renovada” estará del lado de “su pueblo” y no se “venderá” al gobierno de turno, sea del Partido Demócrata Cristiano (PDC) o de la alianza Libre.
En los últimos años, la COB fue duramente criticada, acusada de un silencio cómplice en la crisis económica que vivió el país. Dentro de la propia organización tienen esa sospecha, por lo que se iniciaron procesos legales contra el exsecretario ejecutivo Juan Carlos Huarachi, a quien acusan de haber protegido al gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS).
“Vamos a apoyar a todos los sectores de nuestro país, porque esa es la nueva visión que tiene esta Central Obrera Boliviana, ser inclusiva con los afiliados y no afiliados”, afirmó este jueves Argollo.
El ejecutivo reiteró que no se permitirá que el próximo gobierno busque implementar medidas neoliberales. “No vamos a permitir medidas atentatorias como la descentralización de la salud, de la educación, la privatización de empresas y cualquier otra medida neoliberal que quiera imponer el Gobierno”, advirtió.
Pese a la posición de la COB, tanto Rodrigo Paz Pereira, candidato del PDC, como Jorge Tuto Quiroga, de la alianza Libre, adelantaron que levantarán la subvención al diésel, aunque de manera paulatina.
Además, la alianza del expresidente sí tiene una postura claramente en contra de las empresas públicas, mientras que el PDC no se mostró tan radical respecto al cierre de las firmas estatales, aunque sí busca el cierre de la Aduana Nacional.
