Bolivia fue incorporada por la Comisión Europea en la lista de países de “alto riesgo” en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, una categoría que obliga a los estados de la Unión Europea a aplicar controles reforzados en toda transacción en la que intervengan personas o entidades bolivianas.
La decisión, anunciada este jueves y difundida por medios internacionales como Infobae, se ajusta a los estándares del Grupo de Acción Financiera (GAFI), organismo que en junio ya había incluido a Bolivia en su lista gris, debido a deficiencias estratégicas en sus sistemas de prevención y control.
Junto con Bolivia, la Unión Europea también incorporó esta semana a Rusia y a las Islas Vírgenes Británicas, mientras que retiró de la nómina a Burkina Faso, Malí, Mozambique, Nigeria, Sudáfrica y Tanzania, países que mostraron avances suficientes para abandonar la categoría de riesgo. Rusia también ingresa; decisión aún debe ser revisada.
Unión Europea
La inclusión en la lista de alto riesgo establece que los bancos y entidades financieras europeas deberán aplicar protocolos más estrictos de verificación, monitoreo y reporte en todas sus operaciones con Bolivia.
Esto podría afectar la apertura de cuentas y servicios financieros, transferencias internacionales, inversiones y movimientos corporativos, contratos con empresas o ciudadanos bolivianos.
Cuando se conoció el hecho, algunos actores advirtieron que esta situación puede encarecer operaciones, ralentizar trámites bancarios y generar una percepción negativa para inversionistas extranjeros, especialmente en sectores donde la trazabilidad financiera es clave.
En el caso de Rusia, la Unión Europea justificó su inclusión por “deficiencias estratégicas” en materia antilavado, mientras que la salida de varios países africanos responde a mejoras significativas en la adecuación de sus marcos normativos.
La resolución aún debe ser evaluada por el Parlamento Europeo y el Consejo, que tienen un plazo de hasta un mes para formular objeciones. Si no las hubiera, la decisión quedará formalmente aprobada y entrará en vigor.
La actualización de la lista llega en un momento crítico para Bolivia, que continúa trabajando en un plan de acción exigido por el GAFI para corregir fallas institucionales y evitar sanciones más severas, entre ellas restricciones financieras internacionales de mayor alcance.
El exministro de Economía, Marcelo Montenegro, explicó en su momento que la solución pasa por la Asamblea Legislativa, que debe promulgar en grado ley varias medidas contra el blanqueado de dinero.
