La Asociación Departamental de Propietarios de Estaciones de Servicio de Combustibles Derivados de Hidrocarburos (Asosur Santa Cruz) expresó su preocupación por la Resolución Administrativa RAN-ANH-DJ-UGJN 0025/2025, publicada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), que establece nuevas disposiciones para la comercialización de diésel a usuarios directos.
De acuerdo con el pronunciamiento, la norma introduce la obligatoriedad de una Declaración Jurada previa, el registro en una plataforma habilitada por la ANH, la asignación de tres estaciones de servicio específicas para el abastecimiento y un límite máximo de 1.200 litros por carguío, además de mecanismos de control, verificación y fiscalización.
Asimismo, dispone que a partir de enero de 2027 todo el proceso se realice de manera virtual mediante ciudadanía digital.
Asosur
Asosur advirtió que la resolución no contempla una disposición específica sobre el precio internacional del combustible, lo que impide a las estaciones de servicio comercializar diésel bajo esa modalidad. También observa que la norma no define el tratamiento de la facturación bajo el esquema 70/30 del crédito fiscal, ni aclara el procedimiento de aprobación de las ventas tras la presentación de la Declaración Jurada por parte del usuario.
El sector cuestionó además la limitación del transporte a 1.200 litros por carguío, cuando el Decreto Supremo 4910 permite la comercialización de hasta 5.000 litros mensuales a usuarios directos. A ello se suma la restricción de abastecimiento en solo tres estaciones de servicio, pese a que todas comercializan el mismo producto y al mismo precio.
Otro de los puntos observados es la falta de claridad sobre la venta de combustible en bidones, lo que sugiere la exigencia de una Declaración Jurada, cuando la normativa vigente solo requería la presentación del carnet de identidad y una fotocopia simple.
Ante este escenario, Asosur se declaró en estado de emergencia y exigió al Gobierno nacional que las políticas públicas mantengan coherencia e integración entre sus instituciones.
El sector pidió la abrogación de normas que, a su criterio, limitan la libre comercialización, y planteó la aplicación de controles efectivos que permitan la fiscalización sin generar burocracia administrativa.
