La Contraloría General del Estado anunció que priorizará una auditoría integral a la situación financiera de las empresas públicas, con el objetivo de establecer su desempeño real, identificar posibles déficits y plantear recomendaciones concretas para su corrección.
La información fue confirmada por la contralora interina, Sandra Quiroga, al presentar los lineamientos de su plan estratégico para la gestión.
Según explicó la autoridad, el control externo del Estado emitirá un pronunciamiento técnico sobre la “salud financiera” de estas empresas, un tema que —dijo— es de alto interés público. “Es un compromiso de esta gestión y una prioridad institucional”, afirmó, al remarcar que el trabajo permitirá determinar si existen pérdidas estructurales y qué acciones deben adoptarse.
Empresas
El anuncio se da en un contexto de cuestionamientos a la sostenibilidad de varias firmas estatales creadas en las últimas dos décadas. De acuerdo con datos del actual Gobierno, entre 2006 y 2024 se conformaron 67 empresas públicas, de las cuales solo tres serían rentables, mientras al menos cinco se encuentran en situación de “quiebra técnica”.
Entre las empresas con mayores pérdidas figuran Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), con un saldo negativo de Bs 143 millones; QUIPUS, con Bs 108 millones; Yacana, con Bs 203 millones; la Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos (EBIH), con Bs 29 millones; y la Empresa Azucarera San Buenaventura (ASBA), con Bs 214 millones.
Quiroga señaló que, pese a haber asumido recientemente el cargo, la Contraloría avanzará este año con estas auditorías debido a su relevancia económica y fiscal. Las empresas públicas han sido blanco de críticas por distintos sectores, que advierten que, lejos de generar utilidades, continúan demandando recursos del Tesoro.
Actualmente, la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) ya se encuentran bajo investigación del Ministerio Público, mientras el Ejecutivo aún no ha definido de manera pública la ruta que seguirá respecto al futuro del conjunto de empresas estatales.
