Carla Zuleta, gerente de la Asociación Departamental de Propietarios de Estaciones de Servicio de Combustibles Derivados de Hidrocarburos (Asosur) La Paz, rechazó el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los transportistas que habilita la posibilidad de precintar surtidores que oferten combustibles “observados” por los choferes. La dirigente sostuvo que las estaciones de servicio no son responsables de la calidad del combustible. Remarcó que no refinan ni importan el producto y que el control debiera aplicarse en origen y no en los puntos de venta.
Zuleta advirtió que esta medida desestabiliza aún más al sector. El mismo ya afectado por la compleja estructura de precios y la escasez de margen financiero para la compra de combustible. Subrayó que los precintos generan pérdidas inmediatas para los propietarios, interrumpen la cadena de abastecimiento y no resuelven la raíz del problema. Responsabilizó a las plantas de procesado y almacenamiento en la cadena de distribución estatal.
“Todos están bastante preocupados y alarmados por estas medidas tan extremas que esperemos que no se materialicen. Son reiteradas notas que hemos cursado al Ministerio de Hidrocarburos, al presidente de YPFB, a la ANH”, explicó Zuleta. Queremos “que se puedan delimitar cuáles son las responsabilidades que tiene cada ente”, añadió.
Asosur demandó auditorías transparentes en las instalaciones de YPFB y en el transporte de combustibles. Pidió también un marco de seguridad jurídica que evite “atropellos” contra el comercio privado. La gerente insistió en que el sector está dispuesto a colaborar con el control de calidad, pero no a convertirse en “responsable último” de falencias que no genera. Demandó al Gobierno que revise el acuerdo con los transportistas para evitar afectar la estabilidad del abastecimiento en la sede de gobierno.
