Una seguidilla de noticias publicadas en las últimas semanas da cuenta de lo extendida que está la violencia en general, y la violencia sexual en particular, ejercida contra niños, niñas y adolescentes en el país y lo conflictivo que resulta pasar de las palabras de indignación a los hechos de prevención, sanción y reparación. Se ha propuesto como solución algunas medidas administrativas.
La lista de hechos de violencia comenzó pocas semanas atrás cuando se supo que cinco adolescentes habían violado a uno de sus compañeros en el baño del colegio en el que estudian; luego se supo de al menos una segunda víctima del grupo. Casi al mismo tiempo, se supo del caso de un niño de 11 años de edad que acuchilló a una niña de seis años, también en el colegio donde estudiaban. Otra noticia dio cuenta de una adolescente de 16 apuñalada por su compañera de colegio, en supuesto acto de defensa por el bullying.
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Días después, un hombre de 33 años de edad se declaró autor de la violación e infanticidio de un niño de nueve años de edad; el infanticida tenía antecedentes penales por abuso sexual y por intento de violación. Casi al mismo tiempo, se supo que un nuevo caso de presunta violación grupal es investigado en el municipio de Cotoca, Santa Cruz, cuya víctima es menor de edad; los violadores, cinco hombres, tres de ellos también menores, cumplen detención preventiva. Similar crimen se investiga en La Paz, donde cinco personas abusaron reiteradamente de una niña de 11 años, que actualmente está embarazada.
Como en otros casos de violencia, el Gobierno reaccionó proponiendo la creación de un Consejo Interinstitucional por la Niñez, que fue conformado por ministerios, representantes de maestros, colegios, estudiantes y pueblos originarios, encabezados por el Ministro de Educación, quien días atrás anunció la propuesta de 34 acciones, a corto y mediano plazos, destinadas a erradicar la violencia en las unidades educativas del país. Está previsto que hoy el Consejo presente estrategias que se puedan traducir en medidas de prevención y atención de la violencia en los colegios, entre ellas, la eventual modificación de la Ley 548 para que las personas de 12 a 14 años que cometan algún delito sean procesadas de acuerdo a esa ley; y las de 15 a 16 años sean sometidas a la Justicia ordinaria.
Queda de todo esto la amarga sensación de que la sociedad carece de mecanismos para frenar la creciente violencia y, mucho peor, para que las y los más jóvenes aprendan a cuidarse y eviten producir y padecer violencia. El magisterio, que durante meses se movilizó para impedir que materias como educación sexual integral o cuidado en las redes sociales sean parte del currículo educativo, tienen gran parte de la culpa, pero no solo ellos, pues padres y madres que se oponen a hablar de estos temas profundizan el problema. Es difícil saber cuántas tragedias más hacen falta para que cambie este estado de cosas.
