Días atrás, legisladores de Comunidad Ciudadana (CC) anunciaron que presentarán una “proposición acusatoria” para un juicio de responsabilidades contra el presidente Luis Arce por la restitución del censurado Ministro de Gobierno. Si tal cosa sucede, el trámite tendrá que esperar la aprobación de al menos otras 32 proposiciones, una de las cuales involucra al jefe de esa tienda política.
Siguiendo una bien conocida línea de acciones y anuncios más sensacionalistas que prácticos, los legisladores que anunciaron la que todavía parece una posibilidad (o una amenaza) explicaron que corresponde acusar al mandatario por el delito de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. Irónicamente, el Gobierno dijo que tanto la destitución del censurado como su reposición horas después se ejecutaron en el marco del mandato constitucional.
También irónicamente, la tienda política que considera posible un juicio al primer mandatario, es la que se opuso a considerar cuatro proposiciones acusatorias contra Jeanine Añez, que por esa razón fue juzgada y sentenciada en la vía ordinaria. En ese mismo sentido, todavía falta ver si las y los legisladores de oposición dan luz verde al juzgamiento, por excepción, del exprefecto y actual alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, cuyos procesos y sentencias fueron anulados semanas atrás por el Tribunal Constitucional (TCP).
Lea también: ¿Habrá elecciones?
Suponiendo que, por un lado, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) recoge el guante echado por el TCP y, por el otro, los legisladores de oposición cumplen con su amenaza, estos nuevos 13 juicios de responsabilidades solo podrán ser considerados por el pleno del Legislativo después de aprobarse (o no) otras 20 proposiciones acusatorias, algunas de las cuales datan de hace 20 años y tienen, entre otros, a dos expresidentes y 12 exprefectos en la mira.
Según el Viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, esas 20 proposiciones ya cumplieron el requisito de contar con el requerimiento acusatorio de la Fiscalía General, pasaron el informe de la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado y hoy solo necesitan la aprobación de dos tercios del pleno. Nadie puede explicar por qué ninguna de ellas fue considerada entre 2006 y 2019, ni por qué siguen congeladas hoy.
En ese contexto, el anuncio de los legisladores de oposición parece un asunto poco meditado o, como se dijo antes, puramente distractivo. Alternativamente, dar paso a un posible juzgamiento del Presidente necesitaría un gran acuerdo entre las dos bancadas opositoras y una de las alas del MAS, práctica que hasta ahora solo se ha visto en un par de ocasiones y casi por casualidad. Mientras tanto, la reforma a la Justicia sigue estancada y la imagen de las y los juzgadores, así como de las y los legisladores, no hace más que empequeñecer, mientras los asuntos verdaderamente importantes parecen no significar nada para la clase política.
